El Gobierno nacional reglamentó este domingo la Ley de Inocencia Fiscal y definió cambios clave en el sistema de multas automáticas para aliviar el impacto sobre las pymes. La medida, oficializada por decreto, busca reducir sanciones desproporcionadas, fomentar la regularización voluntaria y preservar la actividad económica sin resignar controles fiscales.
La instrumentación del Capítulo III del Título II de la Ley 27.799 fue formalizada mediante el decreto 93/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma llega tras la polémica generada por la actualización de hasta un 100.000% en los montos de las multas automáticas, que había encendido alertas en el sector de pequeñas y medianas empresas.
Un trato diferencial para pequeñas y medianas empresas
Uno de los cambios centrales es la eliminación de la emisión automática de intimaciones para contribuyentes que no sean considerados relevantes para la recaudación nacional. En la práctica, las pymes quedarán excluidas de este sistema automático.
En lugar de aplicar sanciones de forma inmediata, la autoridad fiscal analizará cada caso de manera individual. El objetivo es permitir que las pymes puedan corregir su situación antes de enfrentar una multa formal, evitando que sean tratadas bajo las mismas reglas que los grandes contribuyentes.
Un trato diferencial para pequeñas y medianas empresas
Uno de los cambios centrales es la eliminación de la emisión automática de intimaciones para contribuyentes que no sean considerados relevantes para la recaudación nacional. En la práctica, las pymes quedarán excluidas de este sistema automático.
En lugar de aplicar sanciones de forma inmediata, la autoridad fiscal analizará cada caso de manera individual. El objetivo es permitir que las pymes puedan corregir su situación antes de enfrentar una multa formal, evitando que sean tratadas bajo las mismas reglas que los grandes contribuyentes.
Incentivo a la regularización voluntaria
El nuevo esquema reemplaza la intimación automática por recordatorios previos. Estos avisos buscarán que el contribuyente regularice su situación antes de que se inicie el sumario sancionatorio.
Desde el Gobierno explicaron que este mecanismo apunta a equilibrar la fiscalización con la protección de la actividad productiva, reduciendo el riesgo de sanciones injustas derivadas de procesos automatizados.
Exenciones y plazos para corregir errores
Beneficios concretos para las pymes
La reglamentación establece que las pymes quedarán exentas de sanciones si presentan la declaración jurada y pagan el tributo en tiempo y forma, o si adhieren a un plan de facilidades de pago.
Además, las pequeñas empresas que detecten errores en su documentación tendrán un plazo para rectificarlos. Si la corrección se realiza antes de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detecte la diferencia, no se considerará una “discrepancia significativa” y se mantendrá la presunción de exactitud.
Dólares “del colchón”: nuevas reglas y montos clave
Bancarización obligatoria y cambios penales
El decreto también avanzó sobre el ingreso al sistema formal de los dólares guardados fuera del circuito bancario. Según estimaciones oficiales, existen alrededor de USD 170.000 millones en ahorro informal, casi el triple de los depósitos privados actuales, que rondan los USD 67.000 millones.
Para utilizarlos, los contribuyentes deberán bancarizar los fondos, ya sea en el origen o en el destino, garantizando la trazabilidad. Esta exigencia responde a recomendaciones del GAFI y del FMI para prevenir el lavado de activos.
En paralelo, se modificaron los umbrales penales por evasión fiscal: el mínimo para que la evasión simple sea delito pasó de $1,5 millones a $100 millones, monto que se ajustará anualmente.
Qué deben evaluar los pequeños contribuyentes
Los monotributistas que quieran ingresar dólares al sistema deberán inscribirse previamente en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). De no hacerlo, podrían quedar expuestos a controles fiscales.
Para adherir al RSG se exige tener ingresos anuales menores a $1.000 millones, un patrimonio inferior a $10.000 millones y no estar categorizado como gran contribuyente. El régimen ofrece beneficios como la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago.
