Nelson Madaf, el hombre que fue brutalmente torturado para confesar un crimen inexistente, falleció este viernes por la tarde a los 56 años, tras una larga batalla contra graves enfermedades. A mediados de la década de 1990, Madaf estuvo preso tres años y sufrió múltiples vejámenes por un asesinato que jamás ocurrió.
Un calvario tras la detención y la vida en la indigencia
Desde su liberación, Madaf vivió en la indigencia y con severos problemas de salud. Contrajo SIDA durante sus años de detención. A pesar del calvario, los responsables de las torturas y el juez que lo acusó sin pruebas nunca enfrentaron la justicia. La supuesta víctima del asesinato por el que acusaron a Madaf apareció ocho años después del presunto crimen en Caucete, San Juan, y vivía con sus cuatro hijos.
El caso Madaf: Inicio de la pesadilla
El calvario de Nelson Madaf comenzó la noche del 16 de octubre de 1989. Nelson, de 17 años y trabajador de la construcción, acompañó a Claudia René Díaz, de 15 años y alumna del Colegio Nacional Juan Crisóstomo Lafinur de San Luis, hasta las inmediaciones de su casa. Al día siguiente, Claudia visitó a Nelson en su trabajo y no regresó a su domicilio.
A los pocos días, la foto de Claudia Díaz apareció en la vía pública, diarios y canales de televisión en una búsqueda por dar con su paradero. También hubo marchas por justicia y para pedir la aparición de la joven. El caso llegó a los medios nacionales, los cuales pusieron el ojo en San Luis. Incluso la monja Martha Pelloni encabezó marchas de silencio en la provincia para buscar respuestas.
La tortura para una confesión forzada
La policía y la justicia, sin pruebas, hicieron eco de una versión que aseguraba que Claudia había sido obligada a abortar y murió durante el proceso. Después de varios años sin pistas que permitieran avanzar en la causa, el 31 de enero de 1993 detuvieron a Nelson en un violento operativo en su casa.
Desde ese momento, el joven sufrió todo tipo de vejámenes: quemaduras con cigarrillos, simulacros de fusilamiento y fracturas. Le quitaron los dientes con vidrios, lo tiraron al río Quinto inmovilizado, lo sometieron al submarino y lo enterraron hasta el cuello para sacarlo tirándole del cabello. Años después, Madaf contó que aprendió a desmayarse durante las sesiones de tortura para que dejaran de pegarle.
Bajo este sometimiento, confesó el crimen e incluyó a Marina Garay y su hija Laura Godoy. Laura era conocida de Claudia, la novia de uno de los hermanos de Nelson, y quien los presentó. Este «reconocimiento» era lo que le pedían Félix Martín Lozano, el oficial Enrique Verón y el juez Néstor Alfredo Ochoa para dejar de golpearlo. Incluso el exjuez Ochoa golpeó a Madaf en una audiencia indagatoria para que «confesara» el asesinato de la adolescente. El detenido incluso señaló el lugar donde supuestamente habían enterrado el cuerpo de Claudia.
Una carta anónima que relataba el crimen de Claudia Díaz e involucraba a Madaf, Garay, Godoy y otras personas dio los elementos al magistrado para ordenar su detención.
La libertad de Nelson Madaf
A los pocos meses de su detención, Nelson denunció los tormentos a los que fue sometido y que bajo esas circunstancias se había autoinculpado. No fue hasta 1995 que recuperó su libertad, no por el cierre de la causa, sino por falta de pruebas que lo vincularan con ningún asesinato. En parte, Nelson volvió a la calle gracias a la Reforma de 1994, que dio carácter constitucional en Argentina al Pacto de San José de Costa Rica (Convención por los Derechos Humanos).
A fines de 1997, Nelly Fernández, madre de Claudia René Díaz, recibió un llamado anónimo en el Concejo Deliberante de San Luis, donde trabajaba. La voz le dijo que su hija vivía en Caucete, provincia de San Juan. En febrero de 1998, Fernández viajó a San Juan y encontró a su hija, quien vivía con un hombre de apellido González y había tenido cuatro hijos. Su madre la trajo de nuevo a San Luis. Cuando le preguntaron por qué se había escapado, Claudia, que ya tenía 24 años, dijo que su padre la maltrataba.
Por la inexistencia del crimen, Madaf fue sobreseído el 30 de julio de 1998. Años después, la justicia ordenó al Gobierno provincial pagarle una indemnización. Esta solo consideró el lucro cesante por los tres años de detención injustificada, sin tomar en cuenta las consecuencias físicas y psicológicas.
