La nueva Ley Penal Juvenil ya rige en todo el país y establece un nuevo régimen para adolescentes de 14 a 18 años que cometan delitos. La norma reemplazó el sistema previsto por la Ley 22.278.
La jueza penal juvenil de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, Daniela Benenati, explicó que uno de los puntos centrales es la reducción de la edad de punibilidad de 16 a 14 años.
La reinserción como eje del nuevo régimen
Benenati dijo que el objetivo del sistema es favorecer la reinserción y resocialización del adolescente, con la educación como uno de los ejes del proceso.
La normativa también incorpora herramientas de justicia restaurativa, entre ellas la mediación penal y otras medidas que buscan que el adolescente asuma la responsabilidad por sus actos y repare el daño causado.
“No es dejarlo sin sanción. Es otro tipo de sanción”, agregó la jueza.
Entre las alternativas aparecen trabajos comunitarios, reglas de conducta y medidas de reparación. La privación de la libertad queda como último recurso.
Qué establece la ley sobre el encierro
La Ley 27.801 establece que las penas para adolescentes no pueden superar los 15 años en los casos alcanzados por el régimen.
También contempla distintas modalidades de privación de la libertad, como la prisión domiciliaria, los establecimientos abiertos y los establecimientos especializados.
La normativa prohíbe que los adolescentes sean alojados junto con personas adultas.
Benenati advirtió que son pocas las provincias que cuentan con instituciones especializadas. Por eso, San Luis deberá adecuar su legislación y sus estructuras al nuevo régimen penal juvenil.
La situación de San Luis
La jueza diferenció la realidad provincial de la de Buenos Aires, donde una magistrada suspendió por 60 días la aplicación de la normativa ante la falta de infraestructura para afrontar un posible aumento de adolescentes privados de la libertad.
“No podemos extender una situación y aplicarla a todo el territorio de la República Argentina, porque cada provincia tiene su realidad”, sostuvo Benenati.
En San Luis, menos del 1% de los delitos corresponde a adolescentes, detalló la magistrada. Dentro de ese universo, además, son pocos los casos considerados graves.
A nivel nacional, la mayoría de los delitos cometidos por adolescentes corresponde a hechos contra la propiedad. Los delitos contra la vida y la integridad sexual representan una proporción menor.
Un supervisor para acompañar el proceso
La nueva ley incorpora la figura del supervisor especializado, encargado de realizar el seguimiento del adolescente e informar a la Justicia sobre su evolución.
Estos equipos dependerán del órgano administrativo y trabajarán junto con la Justicia para controlar el cumplimiento de las medidas impuestas.
En San Luis, la Justicia trabaja en la adecuación del régimen provincial a la nueva normativa nacional.
Benenati remarcó que el sistema penal juvenil también debe respetar los tratados internacionales de protección de los derechos de niños y adolescentes.
En ese marco, consideró centrales la prevención, la educación y el acompañamiento familiar y estatal durante el proceso.
