El juez de Garantía N° 3 de la ciudad de San Luis, Marcos Flores Leyes, resolvió hacer lugar a la sustitución de una medida cautelar patrimonial en el marco de una causa por presunto peculado y fraude contra la administración pública. La investigación es llevada adelante por la Fiscalía N° 6 y tiene como imputados a los ex funcionarios provinciales Sebastián Anzulovich y Luis Marcelo Amitrano.
La decisión fue tomada este miércoles durante una audiencia realizada en la Sala Oral N° 1, tras un pedido presentado por las defensas de los acusados. Los abogados argumentaron que la inhibición general de bienes resultaba excesiva y desproporcionada, al impedir la libre disposición del patrimonio sin una justificación concreta.
En ese sentido, propusieron medidas alternativas. Por un lado, se ofreció como garantía una motocicleta valuada en aproximadamente 12 mil dólares. Por otro, se planteó el embargo preventivo de una camioneta Volkswagen Amarok, cuyo valor asegurado superaría el monto del perjuicio económico investigado.
La fiscal de Instrucción N° 6, Linda Maluf, no se opuso al pedido y consideró adecuada la sustitución de la medida cautelar, luego de verificar los informes patrimoniales presentados por las defensas. Desde la Fiscalía explicaron que la inhibición general había sido solicitada inicialmente ante la falta de información sobre los bienes de los imputados, pero que siempre se contempló su revisión.
Finalmente, el magistrado resolvió reemplazar la inhibición general de bienes por un embargo preventivo sobre bienes específicos de los acusados. Además, rechazó un planteo de nulidad presentado por las defensas, al considerar que la formulación de cargos cumple con los requisitos legales y cuenta con sustento probatorio suficiente para esta etapa preliminar.
La causa también incluye al ex comisario Marcelo Balbo, quien no estuvo presente en la audiencia.
La investigación
Según la acusación fiscal, los hechos habrían ocurrido entre enero de 2022 y noviembre de 2023 en el ámbito del Ministerio de Producción de San Luis. Durante ese período, se registraron 356 cargas de combustible asignadas a una camioneta oficial Toyota Hilux. Sin embargo, el vehículo fue hallado posteriormente en estado de abandono, con daños importantes y sin funcionar.
De acuerdo con laFiscalía, el combustible habría sido desviado para usos no autorizados, lo que habría generado un perjuicio económico superior a los 20 millones de pesos. Además, se indicó que el sistema de carga requería identificación y autorización, por lo que la maniobra no habría podido realizarse sin intervención de los responsables del área.
En función de estos elementos, el Ministerio Público sostiene que los hechos podrían encuadrarse en los delitos de peculado y defraudación contra la administración pública, y continúa avanzando con la investigación.
