La fiscalía acusó a Nemesio y Jonathan Soria, padre e hijo, de haber ingresado a un predio en el paraje Las Flores y retirado alambrados y tranqueras pertenecientes a los propietarios del lugar. La jueza de Garantía dictó medidas restrictivas mientras avanza la investigación.
Dos productores rurales del departamento San Martín, identificados como Nemesio y Jonathan Soria, fueron imputados por la presunta usurpación de un campo ubicado en el paraje Las Flores, en Paso Grande, según informó la Fiscalía de Instrucción N° 2. La causa está a cargo de la fiscal adjunta Ornella Costa, quien solicitó medidas cautelares contra los acusados.
De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió la mañana del 16 de mayo de 2025, cuando los imputados habrían retirado el alambrado perimetral, postes y tranqueras del terreno propiedad de Nicolás Novarese y Esteban Cichero, con la intención de extender los límites de su campo.
La fiscal relató que las víctimas fueron alertadas por vecinos que observaron cómo los Soria ingresaban al predio, desarmaban un corral con animales vacunos y cargaban los materiales en un camión, impidiendo luego el acceso de los propietarios y sus empleados. Esta situación —agregó— comprometió la alimentación y el cuidado del ganado.
Costa explicó que Nemesio Soria había obtenido en 2012 una autorización para explotar dos canteras en desuso y que años después solicitó una servidumbre de paso y la construcción de un pequeño refugio, aunque estas autorizaciones no implicaban la ocupación del terreno.
Entre las pruebas reunidas, la fiscal mencionó denuncias, informes policiales, actas de inspección, fotografías, entrevistas a testigos y documentación dominial que acredita la titularidad del campo desde 1964.
La fiscal solicitó como medidas cautelares que los imputados se presenten una vez al mes ante la Unidad de Gestión Fiscal N° 2 durante cuatro meses y la prohibición de salir de la provincia por igual período. La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, hizo lugar al pedido.
Por su parte, la defensa de los Soria, representada por Guillermo y Belén Levingston, rechazó la acusación. “No se ha demostrado el delito de usurpación; solicitamos que se desestime la denuncia”, expresó el abogado, quien cuestionó la validez de los títulos presentados por los denunciantes.
En tanto, la querella, a cargo del abogado Esteban Bustos, presentó documentación y testimonios que —según afirmó— prueban la posesión continua y legítima del campo “El Pozo”. Entre las evidencias figuran actas de vacunación del Senasa desde 2011 hasta 2025, una cesión de derechos mineros firmada por uno de los imputados, y registros de la Dirección Provincial de Minería que reconocen a Cichero y Novarese como propietarios del terreno.
La causa continúa en etapa de instrucción y las partes aguardan nuevas medidas de prueba.
