El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que propone modificar el sistema de pensiones por discapacidad en Argentina. La iniciativa, presentada este lunes, busca reforzar los controles, actualizar datos de beneficiarios y establecer nuevos criterios de acceso y permanencia. Según el Ejecutivo, el objetivo es reducir irregularidades y ordenar el crecimiento de estas prestaciones en los últimos años.
Cambios en el sistema de pensiones por discapacidad
El proyecto oficial plantea una revisión integral de las pensiones no contributivas por invalidez. Entre los ejes principales se destaca la implementación de auditorías periódicas para verificar la situación de los beneficiarios.
Estas revisiones incluirán cruces de información con organismos estatales como ANSES y el sistema tributario. El objetivo es detectar inconsistencias en los datos médicos, laborales y socioeconómicos. En caso de irregularidades, el Estado podrá suspender de manera preventiva el pago del beneficio hasta que se analice cada caso.
Reempadronamiento obligatorio
Nuevas exigencias para mantener el beneficio
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la obligación de reempadronamiento para todos los titulares de pensiones por discapacidad. Los beneficiarios deberán actualizar su información personal, médica y económica en un plazo mínimo de 90 días, con posibilidad de extenderlo por 30 días más.
El incumplimiento de este requisito habilitará la suspensión automática del pago. Si la situación no se regulariza dentro de los 60 días posteriores, el Poder Ejecutivo podrá disponer la baja definitiva de la pensión mediante un acto administrativo.
Más restricciones en el acceso
Incompatibilidades y cambios en el monto
El proyecto también introduce modificaciones en las condiciones para acceder y continuar dentro del sistema. Una de las principales restricciones establece que la pensión será incompatible con el empleo formal o la inscripción en regímenes laborales, lo que limita la posibilidad de complementar ingresos.
Además, se redefine el monto del beneficio, que pasará a representar el 70 por ciento de la jubilación mínima. Actualmente, esto equivale a unos 275.221 pesos. La propuesta refuerza el criterio de que estas prestaciones deben destinarse exclusivamente a personas con incapacidad laboral comprobada y sin recursos suficientes.
Contexto y cifras del sistema
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala un crecimiento significativo en la cantidad de pensiones por invalidez en las últimas décadas. Según datos oficiales, el número de beneficiarios pasó de 76.000 en 2003 a cerca de 1.200.000 en 2023.
La iniciativa se presenta bajo el argumento de combatir posibles fraudes y mejorar los mecanismos de control del sistema. Sin embargo, se da en un contexto en el que aún no se implementaron modificaciones previas aprobadas por el Congreso en materia de discapacidad.
