La abogada previsionalista María Silvia Rapisarda advirtió que el aumento del 2,1% anunciado por ANSES no alcanza para recomponer los ingresos de los jubilados.
Y explicó que la jubilación mínima, junto al bono extraordinario de $70.000, llega a $403.000, aunque el monto se mantiene congelado desde hace meses y no refleja el aumento del costo de vida.
Aumentos que no alcanzan
En noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso una suba del 2,1% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. De esta forma, la jubilación mínima se ubica en $333.000, y al sumar el bono, alcanza los $403.000.
Rapisarda sostuvo que el incremento “no compensa la pérdida acumulada desde 2023”.“Hay una enorme pérdida del poder adquisitivo. El bono sigue congelado y no se ajusta ni por inflación ni por salarios”, señaló.
Según la especialista, si ese bono hubiera seguido la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del índice salarial RIPTE, debería ubicarse en unos $166.000.
“El haber mínimo subió un 91%, mientras los salarios aumentaron un 138%. Esa diferencia refleja el deterioro real que sufre el jubilado”, dijo.
El impacto del cambio en la fórmula de movilidad
Rapisarda recordó que la nueva fórmula de movilidad, basada en la inflación, reemplazó a la que también contemplaba el crecimiento salarial.
“La jubilación es una consecuencia del salario que se percibe en actividad. Si no se incluye la pauta salarial, el sistema se vuelve injusto y anticonstitucional”, afirmó.
La abogada cuestionó que el Gobierno haya modificado el esquema en agosto de 2024, justo cuando el IPC comenzaba a descender.
“Eligieron ese momento para reducir el impacto de los aumentos. Con esta fórmula, los jubilados siempre pierden”, señaló.
Una pérdida que viene de años
Para Rapisarda, la pérdida del poder adquisitivo no es nueva. Recordó que los jubilados arrastran recortes desde 2018, y que en 2020 los aumentos por decreto también los perjudicaron.
“Desde 2021 hasta hoy, las jubilaciones nunca acompañaron la inflación. Cada vez que el Estado ajusta, empieza por los jubilados”, expresó.
La especialista mencionó que el presupuesto nacional destina más del 50% a la seguridad social, lo que convierte a ese sector en el primero en sufrir recortes.
“La seguridad social se usa como variable de ajuste. Es el camino más fácil para reducir gastos”, agregó.
Advertencia sobre posibles reformas laborales
Rapisarda alertó que una eventual reforma laboral podría afectar aún más los futuros haberes previsionales: “Si vuelven los tickets canasta, como en los años noventa, se reducirá el salario registrado y eso impactará en la jubilación”.
Ejemplificó que si una persona cobra $300.000 y recibe $150.000 en tickets, solo se considerará el monto en efectivo para calcular la jubilación. “Esto ya generó juicios en el pasado. La ley actual reconoce que esos montos también deben incluirse en el salario”, aclaró.
Recomendaciones para quienes se jubilarán
La abogada aconsejó a los trabajadores conservar recibos de sueldo y certificaciones de servicio. “Si el empleador cierra o quiebra, esos documentos son la única prueba para reclamar una jubilación justa”, sostuvo.
También pidió revisar los rubros no remunerativos que figuran en los recibos, ya que muchos empleadores no los declaran correctamente ante ANSES.
“Las cifras no remunerativas también integran el haber. Si no se reclaman, se pierde parte del derecho adquirido”, sentenció.
Un sistema con fallas estructurales
Rapisarda consideró que el problema jubilatorio se origina en la alta informalidad laboral: “Más del 36% de los trabajadores está en negro. Cuando llegue a la edad jubilatoria, esa población no tendrá aportes suficientes”.
Ante la eliminación de las moratorias, muchas personas deberán recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, hoy en $266.000.
“No es que la gente no haya trabajado. Es que el sistema nunca garantizó empleo registrado”, subrayó.
Un debate de fondo: el rol del Estado
Rapisarda sostuvo que el futuro del sistema previsional dependerá de una decisión política. “Un Estado social busca garantizar una subsistencia mínima. Un Estado liberal deja la responsabilidad al ahorro individual”, analizó.
Sin embargo, señaló que en la actualidad la mayoría de los argentinos no puede ahorrar. “Si la gente no llega a fin de mes, si compra alimentos con tarjeta de crédito, es imposible pensar en una jubilación digna basada en el ahorro personal”, concluyó.
Planes sociales y jubilación
La especialista fue contundente sobre los planes de inclusión: “Los planes sociales no generan aportes. Quien depende de un plan no podrá jubilarse, solo accederá a una PUAM”.
Los interesados pueden comunicarse con el estudio Rapisarda – Amiotti al teléfono 2665 041472.
