El juez de Garantía N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Valentín Fornasari, dispuso la apertura a juicio de la causa contra Ramón Ezequiel Cruz, exintendente comisionado de Las Aguadas, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y presuntas irregularidades vinculadas con documentación municipal.
La investigación comprende hechos ocurridos entre octubre de 2019 y diciembre de 2020. Según la Fiscalía, durante ese período ingresaron más de $23,5 millones de fondos provinciales al municipio, pero no se presentaron las rendiciones de cuentas correspondientes ni documentación que permitiera verificar el destino de los recursos.
Durante la audiencia de control de acusación, realizada el 13 de octubre en los tribunales de Concarán, el Ministerio Público Fiscal, representado por César Hugo Salazar Molina y Andrea Aguilar, solicitó una pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La Fiscalía de Estado, representada por Juan Ignacio Trusendi, adhirió al pedido.
Uno de los principales puntos de la acusación es la presunta omisión de cinco rendiciones de cuentas consecutivas, correspondientes al último trimestre de 2019 y a los cuatro trimestres de 2020. Según la investigación, Cruz tenía la obligación legal de presentar balances trimestrales que detallaran los ingresos municipales, los gastos y los comprobantes respaldatorios.
Además, la Fiscalía lo acusó de peculado por presuntamente sustraer fondos públicos bajo su administración. Una pericia contable determinó que, durante el período investigado, egresaron $23.627.964,48 de una cuenta bancaria municipal y que $23.621.044,06 fueron retirados mediante 786 cheques, sin documentación suficiente para acreditar el destino del dinero.
La investigación también identificó cheques depositados en cuentas bancarias de terceros, algunos de cuyos titulares no pudieron ser identificados. En tanto, la pericia estimó que los $23.572.257,26 de fondos provinciales recibidos equivalían a $819.934.018,19 a valores de julio de 2026, según su actualización mediante el Índice de Precios al Consumidor nacional. La utilización de esos recursos no pudo verificarse por la falta de documentación respaldatoria.
El séptimo hecho atribuido está relacionado con la presunta sustracción, ocultamiento, destrucción o inutilización de documentación contable y administrativa. Según la acusación, al finalizar la gestión no se encontraron balances, libros contables, órdenes de pago, facturas, recibos ni otros registros necesarios para reconstruir la administración municipal.
Durante la audiencia, la defensa, encabezada por el abogado Juan Orlando Villegas, cuestionó la acusación y solicitó su nulidad por considerar, entre otros argumentos, que algunos hechos estaban prescriptos y que se había vulnerado el principio de congruencia. Sin embargo, el juez rechazó el planteo, admitió la acusación y ordenó que la causa avance a juicio, que estará a cargo de un tribunal colegiado de la Cámara de la Tercera Circunscripción Judicial, salvo que la defensa opte por un juez unipersonal. La causa corresponde a Ramón Ezequiel Cruz y es independiente de otro proceso que involucra a su padre, Ramón Eulogio Cruz, también exintendente de Las Aguadas.
