La Fiscalía de Género Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial solicitó la elevación a juicio de una causa en la que una mujer está acusada de presuntos delitos contra la integridad sexual de su hijo menor de edad. El Ministerio Público pidió que, en caso de ser hallada culpable, la imputada sea condenada a 20 años de prisión efectiva por una serie de delitos considerados de extrema gravedad.
El requerimiento fue presentado por la fiscal Delia Bringasjunto a la fiscal adjunta Marisol Boschi durante una audiencia realizada ante la jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper. La acusada estuvo representada por los abogados Federico Farías y Carolina Cuello, mientras que también intervino la Defensoría de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 1.
Según la acusación fiscal, la investigación comenzó en septiembre de 2024 a raíz de una denuncia presentada por la madre de un compañero escolar del niño. A partir de esa presentación se desplegaron distintas medidas investigativas, entre ellas allanamientos, pericias tecnológicas, análisis de dispositivos electrónicos y toma de testimonios para verificar los hechos denunciados.
La Fiscalía sostiene que la imputada habría cometido conductas de abuso contra su hijo, quien tenía 11 años al momento de los hechos investigados. De acuerdo con la acusación, los episodios habrían ocurrido dentro del ámbito familiar e incluirían situaciones de vulneración sexual y la obtención y circulación de registros audiovisuales vinculados al menor mediante dispositivos electrónicos.
Como parte de la investigación judicial se secuestraron celulares, documentación y otros elementos considerados relevantes para la causa. Además, se realizaron pericias psicológicas y psiquiátricas a la acusada, evaluaciones profesionales al niño y la declaración de la víctima mediante el sistema de Cámara Gesell, herramienta utilizada para resguardar a menores de edad en este tipo de procesos.
La Fiscalía acusa a la mujer de los delitos de “abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia”, “corrupción de menores agravada” y “producción y distribución de representaciones sexuales de menores”. En función de esos cargos, el Ministerio Público solicitó una pena de 20 años de cárcel. La Defensoría de Niñez adhirió a la acusación y remarcó la gravedad de los hechos, así como la situación de vulnerabilidad del adolescente, quien actualmente tiene 13 años y permanece bajo guarda provisoria de sus abuelos maternos.
Durante la audiencia, la defensa técnica de la imputada planteó la nulidad de la acusación fiscal al considerar que se vulneraron garantías vinculadas al debido proceso y al derecho de defensa. Los abogados sostuvieron que la investigación habría avanzado únicamente sobre su defendida sin profundizar otras líneas investigativas mencionadas durante la pesquisa, lo que —según argumentaron— limitó su estrategia defensiva.
Sin embargo, la jueza Agustina Dopazo Samper rechazó el planteo de nulidad al entender que no existió una afectación concreta al derecho de defensa ni irregularidades suficientes para invalidar la acusación. Tras admitir las pruebas presentadas por la Fiscalía, la magistrada dispuso la elevación de la causa a juicio oral.
