Piden indagatoria para los integrantes de una presunta asociación ilícita que se quedaba con inmuebles

El fiscal de Instrucción N° 1 de San Luis, Francisco Assat Alí, solicitó la indagatoria de 12 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita dedicada a la apropiación de inmuebles. Entre los señalados hay abogados y funcionarios judiciales.

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La denuncia fue presentada por los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone, quienes revelaron una trama que incluso alcanza a una exministra del Superior Tribunal de Justicia de la Nación.

El fiscal elevó el pedido a la jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, para que los acusados comparezcan formalmente.

Un caso con más de dos años de investigación

La causa tiene como principal imputado al abogado Juan Cruz Domínguez, señalado como líder de la organización. La investigación, iniciada hace más de dos años, da cuenta de un entramado que habría funcionado de manera sistemática para apoderarse de propiedades de alto valor económico, valiéndose de documentación falsa y testigos inventados.

El mecanismo de apropiación

Los denunciantes describieron un modus operandi que requería de la intervención de múltiples actores. El grupo obtenía información de propiedades cuyos titulares habían fallecido o que pertenecían a empresas quebradas, a través de la base de datos de Catastro.

Una vez identificado el bien, tomaban posesión o lo usurpaban e iniciaban procesos judiciales para obtener la posesión legal o la escrituración. Para ello, presentaban documentación apócrifa, como boletos de compraventa falsos, cesiones de derechos inventadas, firmas adulteradas de escribanos, sellos, exposiciones policiales y formularios timbrados falsos.

También incorporaban al expediente testigos falsos, cuya participación era clave para legitimar los reclamos.

Roles rotativos y estructura organizada

Los Pipitone detectaron que un grupo de al menos 20 personas se repartía las funciones en los distintos expedientes. Rotaban los roles entre demandantes, testigos y beneficiarios, creando la apariencia de operaciones legales. Esta estructura, señalan, no podría haber operado sin complicidad interna en el sistema judicial.

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