Este martes, Daniel Catalano presentó un hábeas corpus preventivo para frenar posibles detenciones arbitrarias durante la marcha del 18 de junio en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y a los jubilados. La acción judicial cuestiona el Decreto 383/2025 por vulnerar derechos constitucionales.
La justicia federal recibió este martes una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo contra el Decreto 383/2025, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional. Esta normativa habilita a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones, requisas y registros sin orden judicial en el espacio público, incluso durante manifestaciones.
El recurso fue interpuesto por Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, con el patrocinio legal del abogado Rodolfo Yanzón, en vísperas de la movilización prevista para el 18 de junio frente al Congreso. Allí se espera una gran convocatoria en respaldo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y para acompañar el reclamo de los jubilados.
Garantizar el derecho a la protesta
La presentación solicita que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sean obligados a respetar el derecho constitucional a la protesta social, conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
También exige que las autoridades se abstengan de llevar adelante detenciones, requisas o identificaciones arbitrarias durante las manifestaciones, especialmente en el marco de operativos de prevención o controles policiales masivos.
El recurso remarca que el decreto representa una «amenaza actual, inminente y potencial» a los derechos civiles, por permitir procedimientos que podrían violar libertades fundamentales, y recuerda que su aplicación ha sido denunciada ante organismos internacionales.
Críticas al protocolo de seguridad y a Bullrich
Entre los argumentos del hábeas corpus, se cuestiona también el uso del Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por posibles violaciones constitucionales y denuncias de uso excesivo de la fuerza en manifestaciones recientes.
El escrito alude además a episodios de violencia física, como el intento de homicidio contra Pablo Grillo, señalado como parte del contexto represivo que busca “disciplinar y acallar a la sociedad civil”.
La presentación cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recomendaciones de organismos internacionales para sostener la necesidad de una intervención judicial urgente que prevenga nuevos abusos.
