El Gobierno nacional avanza en una nueva reglamentación para modificar el régimen de trabajo en cárceles federales. La iniciativa, impulsada tras la aprobación de la ley de modernización laboral, busca excluir a las personas privadas de libertad de beneficios propios del empleo formal, como aguinaldo, vacaciones pagas y jornada completa. El objetivo oficial es evitar nuevos reclamos judiciales y establecer un esquema específico para el sistema penitenciario.
Fallos que equipararon el trabajo intramuros
El debate sobre el trabajo en cárceles no es nuevo. Desde hace más de una década, distintas resoluciones judiciales establecieron que las tareas productivas realizadas por internos debían asimilarse al empleo en libertad.
Un antecedente clave fue el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en 2014, que sostuvo que el trabajo penitenciario debía regirse por estándares similares a los del trabajo formal. Ese criterio incluyó remuneración acorde al salario mínimo, cobertura ante accidentes laborales y otros derechos básicos.
A partir de esa interpretación, el Servicio Penitenciario Federal comenzó a liquidar haberes tomando como referencia el salario mínimo vigente.
Pago de jornadas completas
La controversia se profundizó con otro fallo que ordenó abonar jornadas completas a detenidas que no cumplían la totalidad de las horas laborales, bajo el argumento de que estaban a disposición del sistema.
Desde el oficialismo consideran que esa interpretación generó una distorsión del régimen penitenciario, obligando al Estado a pagar ocho horas incluso cuando solo se trabajaban tres.
Qué cambia con la nueva reglamentación
Exclusión de la ley laboral común
La reciente ley de modernización laboral incorporó un artículo que excluye expresamente a las personas privadas de libertad del alcance de esa normativa. Con esta aclaración, el Ejecutivo busca cerrar la puerta a interpretaciones judiciales que equiparen el trabajo carcelario al empleo privado.
Además, se derogaron artículos de la Ley de Ejecución de la Pena que vinculaban directamente la actividad intramuros con la legislación laboral general.
Nuevo esquema de remuneración
El Gobierno pretende mantener una contraprestación económica para los internos, pero desligada de beneficios como aguinaldo, vacaciones pagas o indemnizaciones.
Según fuentes oficiales del área de Seguridad, la intención es preservar la función resocializadora del trabajo en cárceles, respetando estándares internacionales, aunque diferenciando claramente la situación de quien está detenido por haber cometido un delito.
La reforma reaviva una discusión de larga data. Organizaciones de derechos humanos sostienen que el trabajo penitenciario debe cumplir condiciones laborales básicas para garantizar dignidad y reinserción social.
En cambio, desde la Casa Rosada argumentan que la equiparación con el empleo formal generó costos adicionales y privilegios que no se corresponden con la naturaleza del régimen de encierro.
