Convocan a una concentración este jueves a las 11 en la Plaza Pringles. Prestadores y familias de discapacidad marchan y reclaman por el pago de deudas atrasadas del Estado y por el financiamiento de las prestaciones.
“Estamos en una situación crítica, no sabemos si el mes que viene podremos pagar sueldos ni garantizar la atención de los chicos”, advirtió Rocío del Río, secretaria administrativa del Centro Educativo Terapéutico «Ailén».
Una deuda que asfixia al sector
La concentración se realizará en simultáneo con el debate en el Senado sobre el rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Del Río explicó que Nación mantiene nueve meses de retraso en los pagos, lo que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones: “Recién ahora están por pagar enero. Esto genera una cadena de pagos insostenible que nos obliga a subsistir día a día. Cuando se corta, no sabemos cómo continuar”.
Un nomenclador desactualizado
Otro de los reclamos se centra en la falta de actualización del nomenclador nacional, que regula los valores de las prestaciones.
“Durante todo el año pasado subió apenas un 65% frente a una inflación del 120%. Este año directamente no tuvo aumentos”, señaló Del Río, y advirtió que los montos quedaron muy por debajo de los costos reales.
Auditorías y miedo en las familias
Del Río también se refirió al impacto de las auditorías realizadas sobre las pensiones por discapacidad: “Las familias tuvieron mucho miedo e incertidumbre. Se citaba con datos viejos, muchos no podían presentarse y eso derivaba en bajas injustificadas”.
Expectativa por el Senado
La dirigente aseguró que hay expectativas en el sector respecto de que el Senado logre revertir el veto de Milei: “Aparentemente los números están para que el rechazo al veto salga. Eso obligaría al Ejecutivo a implementar la ley, actualizar los valores y garantizar los derechos de las personas con discapacidad”.
