El Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2025 mediante el decreto 425/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida, justificada por la emergencia económica, incluye refuerzos de partidas clave en salud, educación, seguridad y asistencia social. El Hospital Garrahan, epicentro de un conflicto salarial, será uno de los beneficiarios.
Ante lo que definió como una “situación de suma gravedad”, el Gobierno nacional decidió modificar el Presupuesto General 2025 por decreto. La medida, amparada en el artículo 99 de la Constitución Nacional, busca garantizar el funcionamiento del Estado en medio de profundos desequilibrios económicos.
El decreto 425/2025 refuerza asignaciones en sectores estratégicos como salud, seguridad, educación y previsión social, en respuesta a la necesidad de sostener servicios esenciales y atender demandas urgentes, como el conflicto vigente con el Hospital Garrahan.
El Ministerio de Salud será uno de los principales receptores de los recursos adicionales. Se destinarán fondos para sostener los gastos salariales de hospitales nacionales de alta complejidad como el Garrahan y El Cruce, además de programas de equipamiento, medicamentos, insumos médicos y subsidios por hemofilia.
También se fortalecen las partidas de la Agencia Nacional de Discapacidad y las pensiones no contributivas, en línea con la política sanitaria vigente.
El decreto amplía los fondos del Ministerio de Seguridad, con foco en el manejo del fuego —que ahora dependerá de esta cartera—, y en el pago de haberes del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
En tanto, la ANSES recibirá recursos adicionales para cubrir el régimen de movilidad previsional y el pago de asignaciones familiares. En educación, la Secretaría del área contará con un refuerzo destinado a atender la política salarial docente y no docente de las universidades nacionales.
La norma introduce un esquema para administrar los excedentes de liquidez de organismos públicos. Salvo excepciones —como el Poder Legislativo o el Banco Nación—, las entidades deberán invertir sus fondos en títulos públicos o letras del Tesoro. También se exigirá un reporte mensual a la Secretaría de Hacienda detallando flujo de fondos y disponibilidad de inversiones.
Redireccionamiento de recursos y prórroga de beneficios
En el área energética, se modifica la gestión del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, estableciendo una distribución específica entre la Secretaría de Energía y las provincias. Además, se prorrogan por diez años pensiones otorgadas bajo las leyes 13.337 y 27.008, con criterios más estrictos de compatibilidad y acceso.
El texto también prevé la cobertura presupuestaria para organismos que modifiquen su estructura jurídica en 2025, hasta tanto se concreten las adecuaciones correspondientes.
