La Fiscalía de Género N° 1 de San Luis formalizó una investigación penal contra J.S.M., acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, en perjuicio de una de sus hijas, y amenazas de muerte hacia su expareja.
Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada este lunes ante el Juzgado de Garantía N° 3, la fiscal adjunta Marisol Boschi presentó un detallado informe de los hechos y las pruebas recolectadas. Según la fiscalía, el acusado mantuvo una relación de pareja de aproximadamente diez años con la denunciante, con quien tuvo tres hijas. La relación se desarrolló inicialmente en la provincia de Buenos Aires.
A raíz de presuntos episodios de violencia física y psicológica, y tras la denuncia de abuso sexual realizada por la hija mayor, el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 1 ordenó en 2018 la exclusión del hogar del imputado.
Los hechos imputados
El primer hecho atribuido por la fiscalía refiere al abuso sexual de su hija desde temprana edad y hasta los 13 años, en domicilios de Florencio Varela (Buenos Aires) y Potrero de los Funes (San Luis). Según la denuncia, los abusos consistían en tocamientos de índole sexual.
El segundo hecho ocurrió el 24 de septiembre de 2025, cuando J.S.M. habría enviado audios amenazantes por WhatsApp a su expareja, incluyendo frases como: “tengo balas a tu nombre, te voy a matar”. La mujer logró grabar los mensajes desde el teléfono de su hija y los presentó ante la justicia.
La fiscalía calificó provisionalmente los delitos como abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo (art. 119, 2° y 4° párrafo, inc. b del Código Penal) y amenazas (art. 149 bis), en concurso real. También solicitó la prisión preventiva del imputado por 120 días, al considerar que existen riesgos de fuga, entorpecimiento de la investigación y peligro para las víctimas.
La postura de la defensa
El acusado se abstuvo de declarar. La defensora adjunta en lo Penal N° 1, Lorena Luna, cuestionó la solidez de la acusación y se opuso a la prisión preventiva. Argumentó que no hay informes médicos ni declaraciones en Cámara Gesell que respalden la denuncia, y que el acusado no tiene antecedentes penales ni contacto con su expareja e hijas desde hace siete años, por una orden de restricción vigente desde 2018.
Luna también destacó que la denunciante no precisó fechas, duración ni circunstancias de los supuestos abusos, y que el relato se enmarca en un contexto familiar conflictivo. Como medida alternativa, propuso la prisión domiciliaria, recordando que la prisión preventiva debe aplicarse solo en casos excepcionales y con fundamentos concretos.
Decisión judicial
Tras escuchar a ambas partes, la jueza de Garantía N° 3, Natalia Lazarte, ordenó la prisión domiciliaria del imputado por el plazo de 60 días. La medida deberá cumplirse en una vivienda del Barrio San Luis 15.
