El crimen ocurrió el 19 de julio en una vivienda ubicada sobre calle Algarrobo, kilómetro 21, en la zona de Los Molles, a unos 30 kilómetros de la ciudad de San Luis. La imputada, Mónica Mariela Barrientos, fue detenida el domingo 21 por la tarde y permanece bajo investigación por el delito de homicidio agravado por el vínculo.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Barrientos habría atacado a su pareja, José Domingo Arce, con una botella de vidrio rota durante una discusión en la cena. El conflicto se habría producido entre las 21 y las 22 horas, en un contexto de consumo de alcohol. Arce intentó protegerse, pero recibió dos heridas cortantes graves en los antebrazos, una de ellas de 7 centímetros en el brazo izquierdo, que le provocó una hemorragia letal.
La autopsia, realizada por la médica forense Patricia Gallardo, confirmó que las lesiones podrían ser defensivas. En el domicilio se hallaron botellas rotas y un cuchillo con manchas de sangre, elementos que fueron secuestrados para su análisis.
Audiencia y resolución judicial
Este miércoles se reanudó la audiencia de formulación de cargos en el Juzgado de Garantía N° 1, donde el juez Juan Manuel Montiveros Chada resolvió admitir la acusación presentada por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 5, aunque dictó una prisión preventiva de 60 días, menor al plazo solicitado por el Ministerio Público.
La defensa, a cargo de los abogados Hugo Salvador Scarso y Carlos Gabriel Varela, presentó testimonios de familiares que estuvieron presentes en el momento del hecho. Según sus declaraciones, Barrientos habría sido víctima de violencia de género durante la convivencia, especialmente en contextos de consumo problemático de alcohol por parte de Arce. La noche del crimen, habría actuado en defensa propia, presentando heridas en los brazos y un golpe de puño en el rostro.
Perspectiva de género y medidas alternativas
La defensa solicitó que se le conceda la prisión domiciliaria, argumentando que Barrientos realizó denuncias previas por violencia de género, se puso a disposición de la Justicia desde el inicio y cuenta con el acompañamiento de su entorno familiar.
El juez recordó que los operadores judiciales tienen el mandato constitucional de aplicar perspectiva de género cuando el caso lo exige. Sin embargo, aclaró que la medida alternativa solo será viable si se garantizan condiciones adecuadas para la protección psicofísica de la imputada, dado que el fallecimiento de la víctima podría desencadenar conflictos familiares que la pondrían en riesgo.
Para evaluar esa posibilidad, el magistrado solicitó:
- Un informe socioambiental
- Una evaluación médica
- La factibilidad de implementar una tobillera electrónica
