Este viernes se realizó una audiencia en el Juzgado de Garantía Nº 2, a cargo del juez Juan Manuel Montiveros Chada, en el marco de una causa que investiga a un hombre por presunta distribución de material de abuso sexual infantil. El magistrado dio por formulados los cargos y dictó 120 días de prisión preventiva, como solicitó el Ministerio Público Fiscal.
El imputado está acusado del delito de “publicación, falsificación, divulgación y distribución de representaciones de actividades sexuales explícitas de menores de edad”, agravado por la edad de las presuntas víctimas, ya que en su mayoría serían niñas y niños menores de 13 años.
Durante la audiencia, el imputado, quien cambió de abogado y ahora es representado por Federico Farías, rechazó los cargos y pidió medidas menos gravosas, como la firma periódica en el libro de procesados, prohibición de salir de la provincia o prisión domiciliaria. También ofreció como caución un vehículo de su propiedad. La defensa presentó un recurso de revisión de la medida de coerción, que será analizado por el Tribunal de Impugnaciones.
La fiscal María Delia Bringas, junto a la fiscal adjunta Marisol Boschi, argumentó que existen riesgos procesales, debido a la magnitud del material secuestrado y a la necesidad de peritajes técnicos complejos. La Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 2, Marcela Torres Cappiello, adhirió al pedido de prisión preventiva por la afectación a un grupo indeterminado de víctimas.
La causa se inició a partir de información provista por redes internacionales y nacionales que monitorean material de explotación sexual infantil. El 29 de junio, mediante la herramienta ICACCOPS, se detectó la descarga y distribución de contenido ilegal desde una IP asociada a un domicilio en la ciudad de San Luis.
El 26 de agosto, personal del Departamento de Delitos Complejos allanó el domicilio y realizó un análisis preliminar de los dispositivos secuestrados. Según detalló la Fiscalía, se confirmó la relación entre la computadora incautada y la IP detectada, además de hallarse archivos de abuso sexual infantil distribuidos a través de redes P2P.
La investigación reveló un patrón de distribución sistemática, no solo tenencia de archivos. La fiscal Bringas advirtió que cada descarga implica una nueva revictimización y que el acusado posee conocimientos avanzados en informática. El caso forma parte de una pesquisa que lleva más de cuatro años e involucra cooperación internacional y entre distintas jurisdicciones argentinas.
