La Justicia dispuso el traslado de Mayte Reyna del Portugal Escudero al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá cumplir prisión preventiva por un plazo de 90 días, en el marco de una causa en la que se la investiga por estafas reiteradas.
La medida fue adoptada tras una nueva audiencia realizada en el Juzgado de Garantía Nº 3, luego de que venciera la prórroga de detención que pesaba sobre la imputada. Durante la jornada, el Ministerio Público Fiscal ratificó su teoría del caso y amplió la imputación a 20 hechos de estafa, a partir de nuevas denuncias incorporadas al expediente. La querella acompañó este planteo.
Por su parte, la defensa sostuvo que no existió defraudación y argumentó que las cuestiones en discusión corresponden al ámbito civil. Además, cuestionó el accionar del municipio y señaló presuntas irregularidades administrativas, atribuyendo a funcionarios públicos parte de la responsabilidad.
Tras escuchar a las partes, la jueza Natalia Pereyra Cardini resolvió hacer lugar a la ampliación de la imputación, por lo que Escudero quedó imputada provisoriamente por el delito de estafas reiteradas en concurso real. La magistrada consideró que existen elementos que indican la presencia de maniobras de engaño y la cesión de derechos que la acusada no poseía.
En relación a las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó el desalojo de los terrenos involucrados, el retiro de materiales, la prohibición de innovar y la inhibición general de bienes. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, lo que motivó el pedido de prisión preventiva.
La defensa, en tanto, pidió la eximición de la medida o su cumplimiento bajo la modalidad domiciliaria, alegando problemas de salud de la imputada.
Finalmente, la jueza ordenó la prisión preventiva por 90 días y el traslado al Servicio Penitenciario Provincial, con la indicación de garantizar la atención médica necesaria. También dispuso, en un plazo de 10 días una vez firme la resolución, la restitución del inmueble en cuestión, el retiro pacífico de materiales, la prohibición de realizar operaciones sobre los terrenos y la inhibición de bienes de la imputada.
Durante la audiencia estuvieron presentes algunos de los damnificados.
Planteos de revisión
Tras la resolución, tanto la defensa como la querella y representantes de particulares damnificados presentaron recursos de revisión, los cuales fueron elevados al Tribunal de Impugnaciones.
Detalles de la causa
Según la Fiscalía, la imputada habría celebrado convenios de cesión de derechos posesorios sobre terrenos que no le pertenecían, sin poder acreditar la posesión de los mismos. Estas operaciones, certificadas por una escribana, habrían afectado a múltiples personas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad.
Los terrenos involucrados se encuentran en la zona del barrioFamilia Unida, enVilla Mercedes, y comprenden unas 16 manzanas que, tras procesos administrativos, fueron adquiridas por el municipio y posteriormente cedidas al Gobierno de San Luis para la construcción de viviendas.
De acuerdo con la acusación, se trataría de una maniobra de defraudación millonaria, con valores de venta variables y, en algunos casos, financiados en cuotas. La Fiscalía no descarta la participación de otras personas en los hechos investigados.
