La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires procesó a dos hombres acusados de montar un presunto esquema de inversiones fraudulentas que prometía ganancias en dólares mediante la exportación de chatarra de cobre. Según la investigación judicial, el sistema habría funcionado entre 2022 y comienzos de 2023 y provocó pérdidas por más de un millón de dólares a varios inversores. Uno de los imputados es hijo de un funcionario de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Investigación por presunta estafa millonaria
El caso se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40, donde fueron procesados Ignacio Moncy del Río y Agustín Héctor Núñez Selener.
De acuerdo con la resolución judicial, ambos habrían creado una estructura destinada a captar fondos de inversores con la promesa de altos rendimientos en dólares vinculados a un supuesto negocio de reciclaje y exportación de metales, principalmente cobre.
El mecanismo ofrecía a los interesados participar en operaciones de compra, compactado y exportación de material ferroso que, según los acusados, era enviado a países como China y Brasil para la fabricación de cables.
Como incentivo, prometían ganancias mensuales de entre 2% y 3% en dólares, aunque en algunos casos llegaron a ofrecer rendimientos de hasta 8% o 10%, cifras muy por encima de las tasas habituales del sistema financiero.
Para generar confianza entre los clientes, los acusados operaban bajo una estructura que se presentaba como una financiera denominada “Vika Capital” o “Vika Financiera”.
Según consta en el expediente, la empresa contaba con un sitio web y ofrecía distintos servicios financieros orientados a pequeñas y medianas empresas, entre ellos:
- factoring
- descuento de cheques
- asesoramiento financiero
Además, los inversores firmaban contratos de mutuo y pagarés, en algunos casos ante escribanos o en oficinas físicas, lo que reforzaba la apariencia de legalidad del negocio.
Un esquema similar a un sistema Ponzi
La investigación sostiene que el mecanismo presentaba características típicas de un esquema Ponzi o piramidal.
En una primera etapa, los acusados habrían pagado los intereses prometidos a algunos clientes para sostener la confianza y atraer nuevos inversores. Incluso, según fuentes judiciales, en algunos casos el dinero se entregaba en efectivo en los domicilios de los inversores, mediante personal de seguridad.
Sin embargo, para la Justicia esos pagos no provenían de una actividad comercial real, sino del dinero aportado por nuevos participantes del sistema.
El esquema comenzó a derrumbarse cuando disminuyó el ingreso de capitales y los acusados ya no pudieron sostener las devoluciones.
Excusas y cuentas supuestamente bloqueadas
Cuando los inversores comenzaron a reclamar su dinero, los imputados habrían argumentado que no podían cumplir con los pagos porque sus cuentas en el exterior estaban bloqueadas por autoridades de Estados Unidos.
La jueza Paula Verónica González también destacó que, al momento de captar inversiones, ambos acusados atravesaban problemas financieros graves, con procesos de concurso preventivo y quiebra.
Para la magistrada, este dato sugiere que desde el inicio sabían que no podían cumplir con las obligaciones asumidas.
Seis casos de estafa y más de un millón de dólares
El expediente judicial detalla seis hechos concretos de estafa ocurridos entre marzo de 2022 y principios de 2023.
Entre los casos investigados se encuentran:
- Un inversor que aportó 55.000 dólares con un interés del 2% mensual y nunca recuperó el capital.
- Una transferencia internacional de 66.872,63 dólares enviada desde el Banco de la República Oriental del Uruguay a una cuenta en Nueva York vinculada a la sociedad Cemet Consulting LLC. El dinero jamás fue entregado al inversor.
- Una inversora que aportó más de 300.000 dólares en distintas operaciones durante 2022 y solo recibió una parte de los intereses prometidos.
- Dos personas que entregaron 50.000 dólares y cobraron intereses por algunos meses, pero nunca recuperaron el capital.
- Un último inversor que entregó 20.000 dólares y apenas recibió 2.000 dólares antes de que se suspendieran los pagos.
Según el cálculo de la fiscalía, el perjuicio económico total asciende a 1.188.515,40 dólares.
Debido a la magnitud del presunto fraude, la Justicia ordenó además un embargo preventivo por 1.500 millones de pesos sobre los bienes de los imputados.
Durante el proceso, la defensa de los acusados intentó responsabilizar a uno de los denunciantes, asegurando que era el verdadero ideólogo del esquema y que ellos solo firmaban contratos a cambio de comisiones.
Sin embargo, la jueza descartó esa versión al considerar que los contratos, las comunicaciones y los movimientos de dinero analizados indican que Moncy del Río y Núñez Selener habrían diseñado y ejecutado la maniobra.
Según la resolución, los imputados aprovecharon la confianza de los inversores para lograr que renovaran contratos y aportaran montos mayores.
El vínculo familiar con un funcionario nacional
Uno de los datos que generó repercusión en el caso es la relación familiar de uno de los acusados con un funcionario del Estado.
El padre de Ignacio Moncy del Río es Fernando Moncy, abogado y mediador matriculado que desde septiembre de 2025 ocupa el cargo de director de Coordinación Técnica y Administrativa de la Procuración del Tesoro de la Nación.
De acuerdo con la información del expediente, no está imputado ni vinculado formalmente con la causa.
Situación judicial de los imputados
Con las pruebas reunidas hasta el momento, el juzgado consideró que existen elementos suficientes para procesar a los acusados por múltiples hechos de estafa.
No obstante, ambos permanecen en libertad hasta la realización del juicio oral, cuya fecha aún no fue definida.
