La jueza federal María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero y al prefecto Sebastián Martínez por las lesiones graves sufridas por el reportero gráfico Pablo Grillo y el manifestante Jonathan Navarro durante la represión ocurrida en marzo pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Ambos quedaron embargados y con restricciones para salir del país, aunque sin prisión preventiva.
El hecho se produjo durante el operativo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que derivó en múltiples heridos y detenciones.
Según la investigación, los dos agentes actuaron de manera antirreglamentaria al disparar contra manifestantes y trabajadores de prensa.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa junto a la familia Grillo, destacaron que las decisiones judiciales “dejan al descubierto la operación montada por el Ministerio de Seguridad”, que tras la represión denunció penalmente a manifestantes por delitos como sedición y asociación ilícita.
La abogada Claudia Cesaroni, representante de la familia Grillo, afirmó:
“Ya les dijimos a gendarmes, prefectos, penitenciarios y policías: alguna vez van a pagar por los actos criminales que sus jefes les mandan a cometer”.
El procesamiento del gendarme Héctor Guerrero
La jueza Servini determinó que Guerrero fue el autor del disparo de la granada de gas lacrimógeno que impactó en Pablo Grillo, causándole graves heridas.
Según la resolución judicial, el agente efectuó el tiro de manera horizontal y contraria a los protocolos, con plena visibilidad y conocimiento del riesgo que implicaba.
Las pruebas audiovisuales confirmaron que Guerrero disparó al menos seis veces en menos de diez minutos hacia la multitud, en un accionar considerado desproporcionado.
Por ello, Servini ordenó un embargo de 203 millones de pesos y le prohibió ausentarse del país por más de 72 horas sin aviso al Poder Judicial.
Por su parte, Sebastián Martínez, miembro de Prefectura Naval, fue procesado por haber disparado contra el manifestante Jonathan Navarro, quien perdió la visión del ojo izquierdo.
El fallo sostiene que las pruebas demuestran una intención directa de herir, ya que el prefecto cesó los disparos inmediatamente después de alcanzar a la víctima.
El embargo dispuesto por la magistrada asciende a 91 millones de pesos, y también deberá fijar domicilio bajo las mismas condiciones judiciales que Guerrero.
El doble procesamiento representa un precedente judicial relevante sobre el uso desmedido de la fuerza en manifestaciones públicas.
Para los organismos de derechos humanos, la decisión de Servini reafirma la responsabilidad individual de los efectivos que ejecutan órdenes contrarias a las normas internacionales sobre represión de protestas.
