Rita Fernández, pediatra e integrante de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, confirmó que el personal mantiene medidas de fuerza, por la ausencia de autoridades en las audiencias de conciliación y la falta de respuestas al pedido de aumento de sueldos.
“No hay ningún tipo de respuesta ni intención de generar una oferta salarial”, advirtió. Anticipó paro con movilización para los días jueves 10 y 17 de julio si el Gobierno de Javier Milei no brinda una solución.
Fuga de profesionales y preocupación por la atención
Fernández graficó que los trabajadores “están muy preocupados, esta situación lleva bastante tiempo, los sueldos están congelados desde hace un año, y tenemos fuga de profesionales: en el último año y medio se fueron 200 profesionales y en los últimos 15 días renunciaron 15 personas”.
En ese sentido, advirtió que la situación de conflicto y la reducción de personal afectan la atención en el Hospital. “Los que quedamos hacemos lo imposible para seguir atendiendo, pero entre la fuga de profesionales y las medidas de fuerza es muy difícil poder dar abasto a la demanda de los niños y niñas que se acercan van a ser atendidos al hospital”, describió.
Esta semana se conoció que San Luis es la provincia de Cuyo con más pacientes atendidos en el Garrahan en los últimos años. En 2022, por ejemplo, 4.751 niños y niñas puntanas recibieron atención médica en ese centro de salud; en 2024 fueron 1.991. El año pasado, San Juan y Mendoza enviaron a menos de 1.500 pacientes.
“La respuesta del Gobierno es cero, hay indiferencia y crueldad hacia los niños y niñas que necesitan atención. Pareciera que es un tema que no está en agenda, que no interesa”, lamentó la pediatra, que además coordina el Área de Orientación Médica del hospital.
Conflicto por el salario de residentes
El otro punto de conflicto con la administración libertaria es el salario de los residentes, quienes reclaman también una recomposición. El Gobierno solo les otorgó un bono no remunerativo de 300 mil pesos y adelantó la implementación de un sistema de becas para reemplazar las residencias.
“La situación es más grave, porque las becas no tienen los derechos que tiene un trabajador que hace residencias”, completó Fernández.
