Un hombre de 40 años continuará detenido bajo prisión preventiva en el marco de una causa en la que se lo investiga por la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). La medida fue prorrogada por 120 días tras una audiencia realizada ante un Tribunal Unipersonal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción, presidido por el juez Fernando De Viana.
El pedido fue formulado por la fiscal de Género Nº 2, Antonella Córdoba, y aceptado por el magistrado, quien consideró acreditados los riesgos procesales. El debate oral de la causa fue fijado para los días 9 y 10 de marzo de 2026, a partir de las 8:30, y el imputado enfrenta un pedido de condena de seis años de prisión.
Según expuso la Fiscalía, la prórroga de la prisión preventiva se fundamenta en el riesgo de fuga —debido a que el acusado no cuenta con trabajo formal registrado—, la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de resguardar a las víctimas.
Al hombre se le atribuyen los delitos de facilitación, distribución y tenencia de representaciones sexuales de menores de 18 años, agravados por tratarse de víctimas menores de 13, en concurso real, conforme a lo previsto en el Código Penal.
La investigación determinó que el imputado almacenaba, ocultaba, buscaba activamente y distribuía material de abuso sexual sobre niñas, niños y adolescentes. Durante la pesquisa se recolectó evidencia digital en tres dispositivos electrónicos de su propiedad: dos celulares y un pendrive.
La causa se inició a partir de un reporte emitido el 21 de febrero de 2025 por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos, organismo que recibe alertas de plataformas digitales como Meta, Google y TikTok cuando detectan contenido sospechoso.
Un análisis técnico inicial realizado por el área de Delitos Complejos del Poder Judicial identificó 23 archivos —21 videos y dos imágenes— con contenido de explotación sexual infantil, en su mayoría correspondiente a menores de 12 años. Parte del material habría sido cargado en plataformas digitales entre 2018 y 2021.
Con el avance de la investigación se hallaron más archivos almacenados en distintos soportes. La fiscal explicó que en uno de los teléfonos se detectaron videos visibles para el usuario y un gran volumen de archivos eliminados, pero aún recuperables desde la memoria del dispositivo. Además, parte del material se encontraba oculto mediante aplicaciones diseñadas para esconder contenido multimedia.
También se identificaron conversaciones en la plataforma Telegram en las que el usuario no solo recibía, sino que también compartía este tipo de material. La pesquisa permitió vincular cuentas de correo electrónico, números telefónicos y direcciones IP del imputado con reportes emitidos por Google y el sistema CyberTipline, así como con chats, grupos y canales donde se mencionaba u ofrecía contenido de abuso sexual infantil.
El Defensor de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 1, Sebastián Privitera, adhirió al pedido de la Fiscalía. Por su parte, la defensa, a cargo del abogado Héctor Zavala Agüero, se opuso a la prórroga de la prisión preventiva al considerar que en esta etapa procesal no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la causa, y sostuvo la presunción de inocencia de su defendido.
La audiencia se desarrolló este martes en la Sala de Debate Oral Nº 2 de la ciudad de San Luis, y fue seguida de manera remota tanto por el imputado, desde el Servicio Penitenciario, como por su abogado defensor.
