Este jueves, trabajadores del INDEC realizaron un “semaforazo” en la Ciudad de Buenos Aires para exigir aumentos salariales y denunciar los ingresos por debajo de la línea de pobreza que perciben desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El conflicto se intensificó tras la propuesta del Gobierno de otorgar un 0% de aumento en junio.
Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) protagonizaron esta tarde un “semaforazo” como forma de protesta frente a la sede del organismo, ubicada en el centro porteño. La medida visibiliza el rechazo de los empleados al congelamiento salarial propuesto por el Ejecutivo para el mes de junio.
La acción fue convocada por ATE-INDEC, que denunció que los salarios actuales no alcanzan para cubrir los gastos esenciales de una familia tipo. La consigna central del reclamo fue clara: salarios de pobreza no pueden sostener estadísticas nacionales.
Raúl Llaneza, secretario general de ATE-INDEC, afirmó que la propuesta oficial de mantener sin cambios los sueldos en junio es inaceptable y exigió una recomposición salarial urgente del 103%, para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Además, solicitó el pago de un bono mensual de $150.000 para todos los trabajadores del organismo, sin importar el tipo de contratación.
El gremio también pidió que las negociaciones paritarias sean libres y sin techo, y que se reabra con urgencia la mesa de diálogo con el Gobierno.
Según cálculos internos del organismo, un trabajador necesitó en abril $1.819.121 para cubrir las necesidades básicas de un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos en edad escolar. Ese monto incluye $630.974 en alimentos y $1.188.147 en otros bienes y servicios esenciales.
La medición se basó en las llamadas Canastas de Consumos Mínimos, una propuesta metodológica interna que aún no ha sido incorporada a las estadísticas oficiales, pero que los empleados utilizan como referencia para dimensionar el deterioro salarial.
Además del aumento salarial, los trabajadores del INDEC también demandan el pase a planta permanente de todos los contratados y monotributistas, sin reducción de haberes. Otra exigencia es la reincorporación inmediata de los empleados que fueron despedidos durante los últimos meses.
El conflicto expone tensiones crecientes entre los organismos técnicos del Estado y la política de ajuste impulsada por el actual gobierno.
