Este martes, ministros de Economía provinciales se reúnen con funcionarios nacionales para exigir la coparticipación de fondos retenidos. El conflicto, que involucra más de 6 billones de pesos, amenaza con fracturar los apoyos legislativos del Gobierno de Javier Milei y abre una disputa clave en el Congreso.
La relación entre las provincias y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo de conflicto. Tras la inédita reunión entre los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, los mandatarios acordaron impulsar un proyecto de ley para exigir que Nación distribuya, vía coparticipación, recursos que actualmente retiene. El consenso alcanzado sorprendió por su amplitud y por la firme intención de avanzar con la iniciativa en el Senado, donde ya tendrían los votos necesarios.
La propuesta apunta a incorporar al reparto federal los fondos provenientes del impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que, según denuncian los gobernadores, fueron retenidos de manera irregular.
Más de $6 billones en juego
Durante la reunión que se celebrará este martes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), los ministros provinciales recibirán al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al de Interior, Lisandro Catalán. El principal reclamo se enfoca en:
- $5,5 billones recaudados por el impuesto a los combustibles.
- $900 mil millones correspondientes a Aportes del Tesoro Nacional.
Los gobiernos provinciales reclaman que estos fondos deben sumarse a la masa coparticipable y distribuirse de forma proporcional entre todas las jurisdicciones.
Desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que la propuesta de los gobernadores “no puede ser aceptada” sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. “Si no hay consenso, el tema se debatirá en el Congreso”, advirtió.
El Ejecutivo defiende su postura argumentando que la sostenibilidad de las cuentas públicas no puede ceder ante presiones políticas. Sin embargo, las provincias contraargumentan que esos recursos no le pertenecen al Gobierno central, sino que son fondos de origen provincial cuya retención distorsiona la coparticipación.
Uno de los elementos más preocupantes para el oficialismo es el efecto político que podría tener este reclamo conjunto. El avance de este proyecto en el Senado podría significar el quiebre definitivo del bloque de apoyo con el que contaba el Gobierno.
La iniciativa, que ingresará por la Cámara Alta, fue debatida el fin de semana en una reunión virtual entre varios gobernadores y jefes de bloque del Senado. Según trascendió, cuentan con la mayoría necesaria para su aprobación.
Además, la Cámara Alta se prepara para sesionar en temas sensibles como la actualización de las jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. El Gobierno ya anticipó que vetará cualquier ley que impacte en el gasto, pero ahora su capacidad para imponer el veto sin que sea revertido está en duda.
