La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, una serie de medidas de alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas. El pedido se conoció este 4 de junio, luego del anuncio oficial sobre una futura modificación de la Ley de Inocencia Fiscal. Entre los principales reclamos figuran la suspensión de embargos, la reducción de multas y la implementación de facilidades de pago para el sector.
El planteo de las pymes al Gobierno
La entidad empresaria pidió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenda la aplicación de embargos y ejecuciones fiscales sobre las pymes durante el período de transición previsto para la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal. Según CAME, esta medida permitiría brindar previsibilidad a miles de empresas que enfrentan dificultades para sostener su actividad.
Además, la organización solicitó que no se apliquen multas mientras dure ese período de espera. El objetivo es evitar que las empresas acumulen mayores cargas financieras en un contexto económico complejo.
Reducción de sanciones y plan de pagos
Otro de los puntos centrales del reclamo contempla una reducción del 50% en las multas para aquellos contribuyentes que regularicen su situación dentro de los 15 días posteriores al vencimiento del plazo previsto por la futura normativa. La entidad considera que este esquema favorecería el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
En paralelo, CAME propuso la creación de un régimen especial de regularización de deudas. La iniciativa incluye planes de pago de hasta 48 cuotas, una quita del 50% sobre los intereses acumulados y una tasa de financiación reducida. También busca abarcar deudas vencidas, planes vigentes y acuerdos que hayan caducado.
El contexto detrás del reclamo
La presentación se produjo tras el anuncio del Ministerio de Economía sobre el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal. Desde el sector empresario sostienen que la transición hacia el nuevo esquema requiere herramientas que eviten un impacto adicional sobre las pequeñas y medianas empresas.
En ese marco, distintas entidades advierten sobre las dificultades que atraviesan las pymes y destacan la necesidad de generar condiciones que favorezcan la continuidad de la actividad económica y el empleo. Algunos informes señalan que en los últimos años se redujo la cantidad de empresas en funcionamiento, lo que incrementó la preocupación dentro del sector.
La solicitud de CAME vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la presión fiscal que enfrentan las pequeñas y medianas empresas. Mientras avanza la discusión legislativa de la nueva Ley de Inocencia Fiscal, el sector busca medidas transitorias que permitan aliviar costos, reducir riesgos financieros y mejorar las condiciones para sostener la producción y el empleo.
