La crisis que envuelve a Guillermo Tofoni y Foster Gillett sumó un nuevo capítulo en Uruguay. La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), organismo que depende directamente de la Presidencia de la República, abrió una investigación formal para analizar los contratos firmados por Rampla Juniors con la firma Soriano SAD y su eventual vinculación con ambos empresarios.
La intervención del organismo no es menor. La SENACLAFT es la autoridad encargada de prevenir, investigar y sancionar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En las últimas semanas solicitó documentación contable en la tesorería del club montevideano, incluidos balances recientes y contratos firmados durante la gestión de la Sociedad Anónima Deportiva encabezada por Gillett y Tofoni.
El caso se produce en un contexto explosivo. Rampla Juniors, histórico campeón uruguayo en 1927, atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia institucional. Tras el descenso y en plena participación en la Primera Divisional C en 2026, el club enfrenta deudas millonarias, juicios laborales e inhibiciones que le impiden registrar jugadores.
La gestión empresarial que prometía estabilidad e inversión dejó un panorama desolador. La pretemporada debió postergarse porque varios complejos deportivos cerraron sus puertas ante la falta de pago. Entre los predios afectados se encuentran la Escuela Naval de Carrasco, el Complejo Vázquez y el Complejo de La Marina. En algunos casos ya hay demandas judiciales por incumplimientos contractuales.
A esto se suman reclamos salariales de entrenadores y empleados. Técnicos como Leandro Somoza, Mario Saralegui y Rubén Paz iniciaron acciones por meses impagos, mientras el club arrastra una inhibición cercana a los 400.000 dólares, lo que le impide inscribir contratos bajo la normativa de la AUF y el gremio de futbolistas.
El foco de la investigación oficial ahora se posa sobre la estructura financiera que sostuvo esos acuerdos y la eventual responsabilidad de los empresarios involucrados. Tofoni, agente FIFA, y Gillett, empresario estadounidense que también había desembarcado en Estudiantes de La Plata con un proyecto que quedó trunco, vuelven a quedar bajo escrutinio público.
En Uruguay, el avance de la SENACLAFT puede derivar en sanciones administrativas, multas o una eventual derivación a la Justicia penal si se detectan irregularidades. Mientras tanto, Rampla Juniors intenta sostenerse en medio de una crisis que ya dejó de ser exclusivamente deportiva para convertirse en un conflicto institucional y judicial de alcance internacional.
