El Gobierno nacional busca aprobar este jueves en el Senado la reforma a la Ley de Glaciares, que permitiría a las provincias autorizar actividades mineras y petroleras en ciertas áreas. Especialistas y ambientalistas advierten que la modificación podría debilitar la protección de reservas estratégicas de agua y generar conflictos legales y sociales.
La iniciativa oficial introduce el concepto de “relevancia hídrica”, que determinará si un glaciar o un ambiente periglacial puede ser intervenido. Según el proyecto, si se demuestra que una zona no posee relevancia hídrica, las provincias podrían habilitar minería o explotación de hidrocarburos.
El partido La Libertad Avanza defendió la reforma en redes sociales, señalando que es una “oportunidad histórica” y que la minería generará ingresos millonarios.
Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), alertó que la ley vigente protege reservas clave de agua dulce, esenciales para consumo humano, ecosistemas y producción agrícola, especialmente en regiones cordilleranas como Mendoza.
Villagra criticó la vaguedad del concepto de “relevancia hídrica”:
“Todos los cuerpos de hielo aportan al sistema hidrológico, ya sea de manera superficial o subterránea. La ley actual organiza las actividades sin contradecir el desarrollo, pero asegura la protección de estas reservas estratégicas”.
En contraste, Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Estudios de Geocriología y Cambio Climático de la Universidad de San Juan, consideró que la normativa vigente es confusa y que la modificación permitiría diferenciar entre glaciares y ambientes periglaciares sin valor hídrico significativo.
Implicancias constitucionales y legales
Más de 85 especialistas en derecho constitucional alertaron que la reforma podría vulnerar principios de la Constitución Nacional y tratados internacionales, incluyendo el principio de no regresión ambiental del Tratado de Escazú.
El abogado Daniel Sabsay señaló que cualquier perjuicio derivado de la ley solo podría revertirse por vía judicial, mientras que el doctor Aldo Rodríguez Salas advirtió que, aunque jurídicamente reversible, los daños ambientales podrían ser irreparables, como pérdida de masa glaciar o degradación de ecosistemas de alta montaña.
En Mendoza y San Juan, donde los glaciares son críticos para el abastecimiento de agua, la reforma generó rechazo social. La asamblea Jáchal no se Toca y distintas organizaciones locales reclaman mantener la protección vigente, alertando sobre proyectos mineros que podrían eliminar glaciares del Inventario Nacional.
En Mendoza, la escasez de agua y la dependencia del deshielo cordillerano amplifican la preocupación por la reforma. Dos de los tres senadores mendocinos ya anunciaron su apoyo a la ley, mientras que la presión social se mantiene a través de manifestaciones en defensa del agua y los ecosistemas.
En San Juan, los afectados por derrames de minas como Veladero recuerdan que la protección de los glaciares es esencial para la seguridad hídrica y alertan que la modificación favorecería intereses mineros sobre la preservación ambiental.
