El Gobierno nacional mantiene su postura de no modificar el capítulo impositivo de la reforma laboral, pese a los reclamos de gobernadores aliados que advierten un fuerte impacto en la coparticipación. La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, apunta a llegar al recinto del Senado el próximo 11 de febrero, en medio de negociaciones trabadas y tensión política en la Casa Rosada.
Reforma laboral y conflicto por el impuesto a las Ganancias
La discusión por la reforma laboral ingresó en una etapa clave. A menos de dos semanas del objetivo oficial de tratar el proyecto en el Senado, el Ejecutivo se muestra inflexible ante el pedido de las provincias para revisar los artículos que modifican el impuesto a las Ganancias.
En Balcarce 50 aseguran que no habrá cambios de fondo en el texto enviado al Congreso. Aunque el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa dialogando con los mandatarios provinciales, el núcleo duro del oficialismo libertario descarta concesiones en el apartado tributario.
El punto más sensible: la coparticipación
El eje del conflicto es la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades y para propietarios que alquilen viviendas. Las provincias sostienen que estas modificaciones afectarían de manera directa los fondos coparticipables, una de sus principales fuentes de ingresos.
Gobernadores dialoguistas vienen reclamando desde hace semanas una revisión del esquema o, al menos, garantías de compensación por la caída de recursos. Sin embargo, desde el Gobierno remarcan que no está previsto ningún mecanismo adicional para equilibrar ese impacto.
Cifras en disputa y lecturas opuestas
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal inicial de los cambios en Ganancias alcanzaría el 0,22% del PBI en 2026. En paralelo, las provincias estiman que la pérdida en los giros automáticos podría ubicarse entre $5.000 y $6.000 millones mensuales.
La Casa Rosada rechaza esos números. Funcionarios nacionales aseguran que los cálculos provinciales son incorrectos y que la baja de impuestos se compensará con mayor actividad económica, crecimiento y formalización laboral a partir de 2027.
La visión del oficialismo
Desde la mesa chica libertaria sostienen que la reducción de la carga impositiva es central para disminuir el “costo argentino” y fomentar inversiones. Incluso admiten que, si los artículos impositivos no reúnen los votos necesarios, el Gobierno está dispuesto a avanzar sin ellos.
“Bajar impuestos es una decisión estratégica”, repiten en el oficialismo, convencidos de que el crecimiento futuro equilibrará las cuentas provinciales.
Gobernadores aliados, entre el apoyo y el reclamo
Antes de la última reunión política en la Casa Rosada, Santilli se reunió con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), todos con vínculos de cooperación con el Gobierno nacional.
Sáenz fue claro tras el encuentro: respaldó la necesidad de la reforma, pero advirtió que no acompañarán medidas que perjudiquen los intereses provinciales. También comparó el proyecto con una “mesa de cuatro patas” que debe sostenerse en trabajadores, sindicatos, empleadores y provincias.
Con un oficialismo fortalecido tras las elecciones legislativas de 2025, los mandatarios provinciales buscan hacer valer el peso que aún conservan en el Congreso, en un contexto de negociación cada vez más asimétrica.
Conclusión
La reforma laboral avanza hacia una definición clave, pero el capítulo de Ganancias se consolidó como el principal obstáculo político. Mientras el Gobierno apuesta a sostener el corazón del proyecto sin concesiones, las provincias intentan evitar un golpe a sus finanzas. Por ahora, el escenario sigue abierto, con negociaciones activas y un debate que promete tensión en el Senado.
