Un estudio académico reveló que la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional podría tener un costo fiscal de hasta el 1,5% del PBI y afectar de manera desigual a las provincias argentinas. El informe advierte que la reducción del impuesto a las Ganancias recortaría recursos coparticipables, profundizando tensiones políticas y financieras entre la Nación y los distritos, especialmente aquellos gobernados por la oposición.
Contexto y antecedentes de la reforma laboral
La reforma laboral promovida por el Poder Ejecutivo Nacional forma parte de una estrategia económica orientada a reducir costos para el sector empleador. Sin embargo, según el análisis de los economistas Martín Burgos, Alejandra Vivas, Eric Rosenberg y Raúl Sánchez, esta iniciativa tendría consecuencias fiscales significativas.
El trabajo sostiene que el costo total de la reforma podría absorber la totalidad del superávit previsto en el Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso para este año, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad.
Impacto fiscal y recorte de recursos coparticipables
Reducción del impuesto a las Ganancias
Uno de los puntos centrales del informe es la baja del impuesto a las Ganancias, cuyo impacto fiscal se estima en 0,36 puntos del PBI, equivalente a unos 2.330 millones de dólares. Al tratarse de un tributo coparticipable, la medida afecta directamente a las provincias.
Actualmente, el 56,66% de la masa coparticipable se distribuye automáticamente entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Por este motivo, los gobernadores cuestionan la reforma y advierten sobre la falta de compensaciones claras.
Pérdidas estimadas por provincia
Según distintas estimaciones citadas en el informe, el perjuicio total para las provincias oscilaría entre 1,7 billones de pesos y 3,2 billones, si se consideran Ganancias, impuestos cedulares e internos.
Las provincias más afectadas serían:
- Buenos Aires: $397.258 millones
- Santa Fe: $161.673 millones
- Córdoba: $160.628 millones
En el caso bonaerense, gobernada por Axel Kicillof, el informe remarca que no habría margen para compensaciones discrecionales, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), debido a su enfrentamiento político con el Gobierno nacional.
Discrecionalidad y alineamiento político
Durante diciembre, en plena discusión presupuestaria, el Ejecutivo incrementó en un 50% la distribución de ATN y destinó $66.500 millones a seis provincias con gobernadores aliados, con el objetivo de asegurar apoyo legislativo.
Córdoba y Santa Fe, administradas por Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, respectivamente, mantienen una relación más fluida con la Casa Rosada, lo que relativiza el impacto real de las pérdidas proyectadas.
En contraste, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego —cuyos gobernadores mantienen una relación tensa con el Ejecutivo— sufrirían recortes estimados en:
- Formosa: $65.854 millones
- La Rioja: $37.457 millones
- Tierra del Fuego: $22.311 millones
Provincias beneficiadas por transferencias
El informe también destaca que Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta fueron las principales beneficiadas por los desembolsos de fin de año. Sus mandatarios, pese a pertenecer a distintos espacios políticos, coincidieron en respaldar las iniciativas de La Libertad Avanza en el Congreso.
Conclusión
El análisis académico concluye que la reforma laboral configura una “devaluación fiscal” en favor del sector empleador, con una caída relevante de la recaudación tributaria y un impacto negativo sobre el financiamiento del sistema de seguridad social. En este esquema, las provincias con menor alineamiento político aparecen como las principales perdedoras, profundizando asimetrías fiscales y tensiones federales.
