La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó su rechazo absoluto a la reforma laboral que el Senado tratará el próximo miércoles. En una demostración de fuerza dirigida a las provincias, el cotitular de la central, Cristian Jerónimo, pidió a los gobernadores que «no manden a sus representantes a votar en contra de los trabajadores».
Para la cúpula sindical, el proyecto posee una «carga ideológica maliciosa» y vulnera derechos básicos. Entre los puntos más críticos, la CGT señaló la eliminación de la ultraactividad —que mantiene vigentes los convenios hasta un nuevo acuerdo— y las modificaciones en indemnizaciones, licencias y el banco de horas.
La respuesta es política
El triunviro Jorge Sola afirmó que la solución al conflicto es «política» y trasladó la responsabilidad de forma directa a los senadores nacionales. Según el dirigente, la central ya planteó sus objeciones ante 16 gobernadores y decenas de legisladores e intendentes para frenar la iniciativa libertaria.
Sola advirtió que el proyecto «ataca y cerca los derechos colectivos». Pese a la gravedad del diagnóstico, el Consejo Directivo de la CGT optó por no convocar a un cuarto paro general. Prevaleció la postura de los sectores dialoguistas, quienes prefieren reservar la huelga para etapas posteriores de lo que definen como una «batalla larga».
CGT: Movilización y cortes el miércoles 11
La protesta en la Plaza del Congreso iniciará a las 15 del miércoles. Aunque no hay un cese de actividades nacional, gremios con posturas más duras como la UOM ya confirmaron paros propios desde las 10 para garantizar la asistencia de sus afiliados a las columnas.
El escenario se prevé complejo en la zona del Congreso, donde las columnas gremiales coincidirán con las manifestaciones semanales de jubilados y personas con discapacidad. Mientras tanto, sectores del transporte como la UTA mantienen una posición ambivalente y apuestan a negociar cambios específicos en el texto del proyecto para mitigar su impacto en el sector.
El fallo de la falta de diálogo
Jerónimo criticó al presidente Javier Milei por la ausencia de instancias de negociación previas al envío de la ley. «Nunca se generó un ámbito para discutirlo», denunció el gremialista. Además, aclaró que la central no rechaza una modernización laboral, siempre que el objetivo sea ampliar derechos y no recortarlos bajo la presión del Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger.
