El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa una etapa de profunda incertidumbre institucional tras la decisión del Gobierno Nacional de modificar su estructura legal y administrativa, eliminando su carácter autárquico y disolviendo el Consejo Directivo que regía su conducción política.
A partir de esta medida, el organismo pasó de ser un ente descentralizado y autárquico a uno desconcentrado, bajo control directo de la Secretaría de Agricultura. Esto implica la desaparición del Consejo Directivo y la eliminación de la Dirección Nacional. Desde ahora, el INTA queda bajo la presidencia designada directamente por la cartera agropecuaria.
“Después de 70 años, el INTA ahora tiene un dueño. Perdimos la neutralidad que nos daba valor y legitimidad para trabajar con todos los sectores y gobiernos”, expresó Jorge Reynals, director del Centro Regional La Pampa-San Luis, quien explicó que el cambio rompe con una línea de conducción elegida por concurso y consensuada con actores diversos del sistema agropecuario y académico.
El futuro de los Consejos Regionales —espacios clave donde se definen las líneas de investigación y extensión en cada provincia— también es incierto. “No sabemos si van a seguir funcionando o si ahora los lineamientos van a llegar directamente desde Nación”, agregó el director.
Clima de desazón y rumores de recortes
Aunque aún no se han concretado despidos, circulan versiones sobre posibles retiros voluntarios, cierre de agencias de extensión y una reducción del número de centros regionales. El INTA actualmente opera 15 centros distribuidos en todo el país, pero podría regresar a un esquema de macro-regiones.
“Hoy no tenemos certezas. Lo único claro es que la estructura anterior ya no existe”, lamentó el directivo.
En el plano presupuestario, el organismo sigue operando con el mismo presupuesto asignado en 2023, pese al impacto inflacionario de los últimos dos años. Además, se espera una transición en el manejo administrativo, ya que el INTA deberá adecuarse a los sistemas de gestión de la Secretaría de Agricultura.
Impacto en las provincias y proyectos en riesgo
Desde las regiones, preocupa la continuidad de múltiples programas que el INTA desarrolla en articulación con gobiernos provinciales y municipales. En San Luis, por ejemplo, están en riesgo iniciativas vinculadas con la Cuenca del Morro, redes de cultivos, sanidad animal y comisiones de suelos.
“El problema es que no sabemos cómo vamos a seguir. Tenemos muchas acciones en territorio que impactan directamente en la producción y el desarrollo local”, concluyó el director regional.
El futuro del INTA, una institución clave para el desarrollo científico y tecnológico del agro argentino, dependerá de cómo avance la implementación de estas reformas y del rumbo que adopte el Gobierno Nacional respecto a sus funciones estratégicas.
