El Gobierno argentino denunció la presencia de ciudadanos rusos implicados en actividades de inteligencia. Rusia respondió acusando un intento de dañar las relaciones bilaterales. La controversia suma tensión diplomática y reactiva el debate sobre seguridad nacional.
La embajada de Rusia en Buenos Aires salió al cruce del Gobierno de Javier Milei luego de que se informara sobre un supuesto grupo de ciudadanos rusos realizando tareas de inteligencia en Argentina. Según las autoridades locales, estas personas estarían vinculadas con operaciones de desinformación y reclutamiento al servicio de intereses del Kremlin.
En respuesta, la delegación diplomática rusa calificó la denuncia como un “intento de perjudicar las relaciones entre Argentina y Rusia” y solicitó explicaciones formales mediante una nota enviada a la Cancillería.
Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni reveló que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) identificó a un grupo de ciudadanos rusos presuntamente integrados a una red internacional de espionaje.
El foco está puesto en una organización denominada “La Compañía”, vinculada al llamado ‘Proyecto Lakhta’. Según la investigación, su líder sería Lev Konstantinovich Andiashivili y su esposa, Irina Lokovdenko, estaría encargada del manejo de fondos y contactos locales.
Los servicios de inteligencia sostienen que esta estructura buscaría influenciar la opinión pública argentina a través de campañas en redes sociales, alianzas con ONGs y contactos con civiles. Se habla de estrategias de desinformación y acercamientos a grupos sociales para incidir en la política interna.
Moscú desmiente vínculos y pide explicaciones
La embajada rusa aseguró que los ciudadanos mencionados en la denuncia “no están registrados” en su sección consular y que desconocen sus actividades. Además, solicitaron de manera formal al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino detalles sobre el estatus legal de las personas involucradas.
La respuesta diplomática fue clara al expresar que estas acusaciones “no contribuyen al fortalecimiento de los vínculos bilaterales” y podrían poner en riesgo el diálogo entre ambos países.
Como parte de las medidas frente a esta denuncia, el Gobierno argentino anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una nueva división dentro de la Policía Federal.
Este organismo estará enfocado en detectar y desarticular organizaciones vinculadas al narcotráfico, terrorismo, espionaje y crimen organizado. Contará con especialistas en derecho, ciencias informáticas y psicología social, y tendrá potestad para actuar en espacios digitales sin necesidad de autorización judicial previa.
Alerta por facultades extralimitadas
Distintos sectores opositores manifestaron preocupación ante las amplias atribuciones del DFI, señalando que algunas medidas “exceden los límites constitucionales”. Una de las principales controversias radica en que esta agencia podrá acceder a bases de datos públicas y privadas, y realizar monitoreos digitales sin intervención judicial.
El debate quedó abierto: ¿protección o vigilancia excesiva?
