La muerte de un albañil en una obra en construcción de la ciudad de San Luis derivó en la imputación de dos profesionales, investigados por el delito de homicidio culposo. El hecho ocurrió el 7 de octubre de 2025 en un edificio ubicado sobre la calle Almirante Brown al 900.
La víctima, identificada como Javier Quiroga, falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas en el tercer piso del inmueble en construcción. Según la investigación, el obrero manipulaba varillas de hierro que, en un momento, entraron en contacto con una línea de alta tensión.
El fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat, imputó a Rocío Crespo y Alberto Carranza, responsables de la empresa VSL Desarrollo. De acuerdo con la acusación, ambos habrían incumplido deberes básicos de seguridad en la obra, donde se desempeñaban como arquitecta y contratista, respectivamente.
Entre las principales irregularidades detectadas, la Fiscalía señaló la falta de supervisión directa, la ausencia de señalización y aislamiento del tendido eléctrico, y la carencia de elementos de protección adecuados. En particular, se indicó que el trabajador no contaba con guantes aislantes y que no hay constancia de que hubiera recibido capacitación en seguridad laboral.
Además, la investigación preliminar reveló que la empresa no habría informado a la prestataria eléctrica sobre la realización de tareas en cercanías de líneas de alta tensión, lo que habría impedido la adopción de medidas preventivas.
Según la reconstrucción del hecho, las varillas eran elevadas mediante sogas desde un camión hacia el tercer piso, donde Quiroga debía recibirlas. En ese contexto, una de ellas habría tocado el tendido eléctrico, provocando una descarga que causó la muerte inmediata del trabajador.
La defensa de los imputados manifestó su desacuerdo con la calificación legal y cuestionó la relación de causalidad planteada por la Fiscalía, aunque indicó que estos puntos deberán esclarecerse a partir de pericias y otras medidas probatorias pendientes.
Como parte de la causa, se incorporaron actuaciones policiales, informes técnicos, testimonios y documentación oficial. Con estos elementos, el Ministerio Público consideró que existió una relación directa entre las presuntas negligencias y el fallecimiento del obrero.
El fiscal solicitó un plazo de 120 días para la investigación penal preparatoria y pidió medidas cautelares, como la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse mensualmente ante la Justicia.
El pedido fue analizado por el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, quien hizo lugar a las medidas solicitadas, aunque redujo el plazo de investigación a 60 días.
