El docente de la Universidad Nacional de Cuyo, Marcelo Giraud, advirtió que el movimiento socioambiental continuará acciones de resistencia tras la aprobación del proyecto San Jorge, un emprendimiento de explotación de cobre.
Y señaló que aún no se publicó la promulgación de las leyes y que, una vez oficializada, se presentarán recursos judiciales.
Cuatro leyes y un proyecto que reabre un conflicto central
La Legislatura mendocina aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, un emprendimiento de cobre en Uspallata. El aval se dio junto a otras tres iniciativas vinculadas a exploraciones en Malargüe.
Giraud recordó que el proyecto está ubicado en el Valle de Uspallata, dentro del departamento de Las Heras, y remarcó que el oficialismo obtuvo allí un respaldo muy inferior al promedio provincial.
“En Uspallata el oficialismo logró el 40% de los votos. La diferencia muestra un rechazo claro al proyecto”, sostuvo.
Audiencia pública cuestionada y falta de acuerdo social
El docente señaló que el gobierno insiste con una supuesta “licencia social”. Sin embargo, describió una audiencia pública realizada a más de 40 kilómetros de Uspallata, a 2.600 metros de altura y en pleno invierno.
Además, explicó que en ese encuentro el 67% de los vecinos que se identificaron como uspallatinos rechazó la mina: “El gobierno llevó funcionarios para sumar voces a favor. Entre los vecinos, dos tercios siguen en contra”.
Acusaciones cruzadas y tensión política
Giraud criticó declaraciones de autoridades provinciales que calificaron a las asambleas como un grupo minoritario: “Nos llamaron trastornados o parte del 1%. Mientras tanto, la ministra desconoce datos básicos del proyecto”.
Y destacó que la marcha del martes reunió a unas 20.000 personas en las principales avenidas de la ciudad.
Movilización y reclamo sostenido
El investigador dijo que las asambleas preparan nuevas acciones, aunque sin un cronograma cerrado: “Seguiremos en las calles, en las plazas, en las redes y en Uspallata. Necesitamos espacios donde se escuchen nuestras voces”.
También advirtió que los medios de mayor alcance no difundieron la posición ambientalista durante el año.
Lo que viene: judicialización y presión social
Giraud informó que en el boletín oficial todavía no publicó la promulgación de las leyes. Cuando eso ocurra, las organizaciones presentarán recursos de amparo y pedidos de inconstitucionalidad.
Y recordó la experiencia de 2019, cuando la reforma de la Ley 7722 se revirtió tras una fuerte presión social.
“No sabemos si pasará lo mismo, pero ayer quedó claro que hubo un triunfo sociopolítico a pesar de la derrota institucional”, expresó.
Dimensión del proyecto y riesgos sobre la cuenca
El docente cuestionó la caracterización oficial de San Jorge como mina “pequeña” y detalló que la explotación prevé extraer 450 millones de toneladas, lo que provocará la desaparición del cerro y la creación de un pozo de casi dos kilómetros de largo.
El depósito de colas tendría un tamaño equivalente a 25 cuadras de largo por 10 de ancho y 79 metros de altura: “No puede presentarse como un proyecto menor. Los volúmenes son enormes y el riesgo sobre el acuífero es alto”.
Ley 7722 y fallas en el proceso de control
Giraud señaló que la Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la Ley 7722, aunque con una excepción para San Jorge en el uso de sustancias tóxicas y añadió que el gobierno incumplió la normativa al convocar solo al municipio de Las Heras en la instancia de evaluación.
“Se ignoró a seis municipios aguas abajo. Ni siquiera respondieron el pedido de Lavalle”, agregó.
El agua, un eje estructural del conflicto
El investigador consideró que las asambleas no sostienen que la contaminación será inmediata y que el riesgo principal es subterráneo y de largo plazo, con posibles impactos sobre el río Mendoza dentro de varias décadas.
“La contaminación del acuífero puede aparecer dentro de 50 años. Es un problema grave y silencioso”, concluyó.
Mencionó además antecedentes como la refinería de Luján de Cuyo, donde la contaminación del agua se conoce desde hace más de treinta años y aún no tiene solución definitiva.
