El Gobierno nacional analiza una reforma que permitiría a las provincias gestionar parte del IVA. La propuesta busca incentivar la competencia fiscal para atraer inversiones, pero solo tres jurisdicciones tendrían margen para bajar impuestos sin perder recursos: Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires y Santa Fe.
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, impulsan un cambio en la estructura del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que implicaría dividir su recaudación entre Nación y provincias. La idea es que el Estado nacional conserve un 9% del tributo, mientras que el 12% restante quedaría bajo control de cada gobernador, quien decidiría la alícuota a aplicar en su jurisdicción.
Esta medida apunta a fomentar la llamada “competencia fiscal”, donde las provincias podrían atraer inversiones ofreciendo una menor carga tributaria.
Según estimaciones del tributarista Guillermo Pérez, titular del Grupo GNP, solo tres distritos estarían en condiciones de ofrecer una baja en el IVA sin ver afectados sus ingresos: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Estos territorios generan una recaudación propia que supera lo que actualmente reciben por coparticipación.
En contraste, 16 provincias —la mayoría del norte argentino— necesitarían fijar una alícuota superior al promedio nacional para no perder recursos, lo que las dejaría fuera de competencia para captar inversiones.
Hay un segundo grupo de provincias que, según Pérez, podrían mantener una alícuota del 12% sin perder ingresos. Se trata de Mendoza, Neuquén, Córdoba, Santa Cruz y Entre Ríos, que hoy reciben un monto equivalente a lo que aportan a través de la coparticipación.
Estas provincias no saldrían ganando ni perdiendo, pero tampoco tendrían margen para bajar impuestos si quieren mantener su equilibrio fiscal.
La viabilidad política del proyecto es incierta. Las 16 provincias más dependientes representan dos tercios del Senado, por lo que su aprobación se presenta difícil. A esto se suma un vacío en el planteo de Caputo: no se especifica cómo se compensarían los ingresos que hoy provienen del impuesto a los Ingresos Brutos, principal fuente de financiamiento provincial.
Este tributo, altamente criticado por su efecto cascada —ya que se aplica en cada etapa de la cadena productiva— representa el 4% del PBI anual, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Pérez advierte que si el gobierno nacional reduce su parte del IVA al 9% y las provincias aplican un 12%, estas aún deberían sumar entre 10% y 11% adicionales para equiparar lo que hoy obtienen por Ingresos Brutos. Esto elevaría el IVA combinado a entre 31% y 32%, una carga impositiva difícil de sostener.
Además, si el Poder Ejecutivo quisiera bajar aún más la alícuota nacional, por ejemplo al 16% (usando su margen legal del 25%), necesitaría de todos modos la aprobación del Congreso para avanzar con una reforma profunda.
La propuesta del Gobierno de dividir el IVA entre Nación y provincias apunta a promover eficiencia fiscal y atraer inversiones, pero presenta desafíos estructurales y políticos considerables. Solo unas pocas provincias tendrían margen real para competir reduciendo impuestos. La medida podría generar más desigualdad entre distritos y una presión tributaria aún mayor si no se define con precisión cómo reemplazar otros ingresos clave como los de Ingresos Brutos.
