El Juzgado de Ejecución Penal de la Segunda Circunscripción Judicial inició una investigación por la presunta falsificación de certificados educativos por parte de tres internos del Servicio Penitenciario Provincial. Según un comunicado oficial, los presos en cuestión habrían adulterado documentación correspondiente a cursos realizados a través de la plataforma virtual Loopian, con el fin de acceder a reducciones en sus condenas.
La investigación se activó tras un informe enviado el 24 de abril por el área de Educación del Complejo Penitenciario II Pampa de las Salinas, que detectó posibles irregularidades luego de una indagación interna. “Tres internos habrían sido partícipes de la falsificación de algunos certificados de cursos”, señaló el comunicado emitido por el juzgado a cargo de la jueza Nora Villegas.
El rol del Servicio Penitenciario
De acuerdo con lo informado, el Servicio Penitenciario es responsable de emitir los reportes educativos que llegan al juzgado, los cuales incluyen datos como el tipo de formación realizada, la carga horaria y los días y horarios de cursado. Con base en esos informes, el Juzgado de Ejecución concede el estímulo educativo contemplado en el artículo 140 de la Ley 24.660, que permite una reducción en los plazos de cumplimiento de condena dentro del sistema de progresividad penitenciaria.
Garantías y control judicial
Villegas recordó que el Juzgado tiene el deber de velar por el respeto de las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos. “La finalidad es reinsertar exitosamente a los condenados en la sociedad”, señaló. Para ello, remarcó, es fundamental el trabajo conjunto entre el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario.
Permisos extraordinarios bajo la lupa
En relación con los llamados «permisos extraordinarios» concedidos a personas condenadas, el Juzgado aclaró que “todos los procedimientos se han otorgado conforme a la normativa vigente, con el objetivo de resguardar los derechos de los internos”.
Estos permisos —indicaron— buscan fortalecer vínculos familiares en situaciones donde los allegados no pueden visitar al condenado por motivos económicos, de salud o edad avanzada. Se otorgan con custodia penitenciaria y sólo cuando el interno no cuenta con salidas transitorias.
