Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que el 77% de las trabajadoras de casas particulares en Argentina carece de registro formal. El estudio, presentado en la Biblioteca Nacional, expuso las causas de la informalidad laboral y propuso acciones para revertir esta problemática.
De acuerdo con un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la mayoría de las trabajadoras domésticas en Argentina continúa en la informalidad. El estudio, difundido en un encuentro realizado en la Biblioteca Nacional, detalla que el 77% de las empleadas de casas particulares no cuenta con registro formal.
La informalidad laboral no solo afecta a este sector: el 68% de los jóvenes de entre 15 y 24 años también se encuentra trabajando en condiciones irregulares, según datos del sistema FORLAC 2.0.
Durante la presentación, Diana Edith García, directora del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, explicó que uno de los principales factores de la informalidad es el desconocimiento de los empleadores sobre cómo registrar a sus trabajadoras. Según García, la relación cercana entre empleador y empleada, en muchos casos de carácter casi familiar, dificulta la formalización laboral.
Otro problema señalado es que muchos empleadores son adultos mayores con dificultades de movilidad o escaso acceso a tecnologías básicas, como computadoras, lo que impide completar el trámite de registración.
Además, la situación de las trabajadoras migrantes agrava el panorama. Muchas de ellas, recién llegadas al país, prefieren no ser registradas por cuestiones legales o personales, y los empleadores, respetando su decisión, no avanzan con la formalización.
La clase social también influye en la probabilidad de registración. Según explicó García, los empleadores de clase media-alta y alta tienden a registrar a sus trabajadoras, ya que pueden aprovechar descuentos fiscales como los del impuesto a las ganancias. En cambio, los empleadores de clase media, que también enfrentan desafíos económicos, muchas veces no logran asumir los costos que implica la formalización.
Cuando el Tribunal de Trabajo determina que existe una relación laboral no registrada, dicta una sentencia contra el empleador. Sin embargo, los fondos recaudados en estos juicios no van directamente a las trabajadoras afectadas, sino al Estado. Para cambiar esta situación, sería necesario modificar la legislación vigente, subrayó García.
