El gobierno de Donald Trump revocó este jueves la certificación que permite a Harvard inscribir alumnos extranjeros, desatando una fuerte disputa legal y política. La universidad presentó una demanda y una jueza federal emitió una orden para frenar, por ahora, la decisión del Ejecutivo.
Medida sin precedentes del Departamento de Seguridad Nacional
El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, anunció el jueves 11 de julio la revocación del permiso que permite a la Universidad de Harvard inscribir estudiantes internacionales. La decisión, informada por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem a través de la red social X, intensifica el enfrentamiento entre la Casa Blanca y la institución académica más prestigiosa del país.
«Que esto sirva de advertencia a todas las universidades del país», escribió Noem, aludiendo a un supuesto «incumplimiento de la ley» por parte de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP).
La medida podría afectar a casi 7.000 estudiantes internacionales, que representaron el 27,2% del alumnado el año pasado.
Harvard calificó la decisión del gobierno como «ilegal» y respondió con una demanda federal por lo que considera una “violación descarada” de la ley. Horas después, una jueza emitió una orden de restricción temporal que bloquea, de forma momentánea, la entrada en vigor del plan.
En un comunicado oficial, la universidad expresó su compromiso con sus alumnos internacionales, originarios de más de 140 países, y advirtió sobre el daño institucional y académico que provocaría la medida.
“Esta acción de represalia amenaza con causar un grave daño a la comunidad de Harvard y a nuestro país”, declaró la institución.
Exigencias y presiones: la Casa Blanca endurece su postura
Registros estudiantiles, beneficios fiscales y acusaciones de antisemitismo
La administración Trump había lanzado en abril una serie de advertencias a Harvard, exigiendo cambios en políticas de admisión, contratación y enseñanza en respuesta a supuestos incidentes de antisemitismo en el campus.
En ese contexto, la Casa Blanca amenazó con:
- Retirar la exención impositiva de la universidad.
- Congelar miles de millones en subvenciones federales.
- Limitar el acceso a visas estudiantiles.
Entre las demandas impuestas, el gobierno exige que Harvard entregue registros disciplinarios de estudiantes no residentes de los últimos cinco años, así como videos o audios de cualquier actividad considerada ilegal o peligrosa. La universidad tiene un plazo de 72 horas para cumplir con esta solicitud.
Una universidad con poder financiero y prestigio global
Con un fondo patrimonial (endowment) que supera los 53.000 millones de dólares, Harvard no solo es una potencia académica, sino también financiera. Esa solidez le permite resistir presiones que debilitarían a otras instituciones.
Su presidente interino, Alan M. Garber, se convirtió en la figura visible de la oposición a las medidas del Ejecutivo, recibiendo apoyo de amplios sectores académicos y políticos.
La vicepresidenta ejecutiva de la universidad, Meredith Weenick, también dejó clara su posición en abril: “Solo se entregará al gobierno la información requerida por ley”.
