El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, resolvió este martes que el Gobierno de Javier Milei debe poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad en un plazo máximo de dos semanas. La orden fija como fecha límite el 4 de febrero y obliga a la gestión nacional a activar los recursos previstos por la norma sancionada en el Congreso.
Plazos estrictos y control inmediato de la aplicación de la Ley
La resolución no se limita a marcar un calendario: el magistrado dispuso que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entreguen en cinco días hábiles un informe detallado con los avances administrativos. El objetivo es evitar nuevas dilaciones y constatar que el Estado esté cumpliendo con los pasos básicos para la ejecución de la ley.
Tensión judicial y apelaciones pendientes
El fallo se dictó en medio de una pulseada judicial. La Cámara Federal de San Martín aún analiza una apelación presentada por el procurador de la Nación, Santiago Castro Videla, que busca frenar la aplicación inmediata. Pese a esa instancia pendiente, González Charvay decidió avanzar y mantener la exigencia de cumplimiento.
Origen del reclamo y alcance nacional
La causa se inició por una acción colectiva presentada por dos padres de personas con discapacidad. El reclamo se expandió rápidamente y adquirió alcance nacional por la gravedad de las demoras denunciadas. Con este nuevo movimiento, la Justicia intenta garantizar la protección de los derechos de un sector vulnerable, más allá de las apelaciones del Estado.
