Pascual Celdrán, abogado de uno de los empresarios que administraba el campo El Caburé, dijo que el pedido del fiscal Leandro Estrada para formular cargos contra el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla, lo sorprendió, aunque consideró que la acusación es «muy liviana«.
«Lo llama solo por fraude a la administración pública, cuando está claramente demostrado que la conducta de Bazla fue determinante, obedeciendo órdenes de Víctor Endeiza, para extraer o sustraer del ámbito de su dueño un montón de kilos de maíz. Hay cuatro o cinco delitos más por los cuales Bazla no está siendo llamado«, analizó el letrado en declaraciones a SanLuis24 Noticias.
El funcionario pidió licencia este lunes «para defenderse« en el marco de la causa. El juez de Garantía N°1 de la segunda circunscripción, Alfredo Cuello, debe fijar la fecha para la audiencia solicitada por el fiscal de Instrucción N°4.
La causa
La investigación apunta al presunto robo de una cosecha de maíz de 1.997 hectáreas del establecimiento El Caburé. De acuerdo con la denuncia, el Gobierno provincial expropió ese campo cuando ya estaba sembrado. Sin autorización administrativa ni judicial, retiró la cosecha, valuada en 2.800.000 dólares, sin rendir cuentas a los propietarios de la siembra.
Celdrán recordó que, según el expediente, la cosecha estuvo a cargo de Francisco Anselmi, quien declaró que, como el Gobierno no tenía fondos para pagarle el trabajo, hizo un acuerdo para cobrarlo con parte de ese mismo maíz.
El caso de Oviedo Helfenberger
En paralelo al pedido de formulación de cargos a Bazla, el Tribunal de Impugnaciones de la segunda circunscripción confirmó la imputación de Darío Oviedo Helfenberger, que en el momento del hecho era director de Ética Pública y Control de Gestión, es decir, el número dos de la cartera que conducía Bazla.
Oviedo Helfenberger declaró en la causa que obedecía órdenes. El Gobierno, desde un primer momento, dirigió la acusación contra él.
«Este funcionario empezó a realizar una administración, podríamos decir, fuera de lo que era su mandato, fuera de lo que estaba convenido. Esto significó que el doctor Bazla y el gobernador le pidieran la renuncia y se lo apartó«, explicó en octubre del año pasado Rafael Berruezo, fiscal de Estado de la provincia.
En esa misma conferencia de prensa, Berruezo agregó: «A raíz de estas irregularidades administrativas fue que el doctor Bazla realizó denuncias en la justicia, en Villa Mercedes, en contra de Oviedo, para que se analice si estas irregularidades administrativas constituyen o no delitos«.
Celdrán cuestionó esa versión: «Le han contado una historia distinta a Berruezo, que salió a exponerse públicamente y en el expediente, quedó como un sonso: en la última audiencia no sabía qué decir«.
La advertencia sobre el fiscal Estrada
El abogado querellante señaló que, más allá de que la imputación no abarca todos los delitos que él considera que cometió Bazla, la decisión del fiscal Estrada de avanzar en la causa es «un acto de arrojo, porque estaba muy presionado por el Gobierno para que no tomara otra determinación que imputarlo solo a Oviedo«.
«Ha demostrado valentía e imparcialidad«, sostuvo el letrado.
En ese sentido, advirtió que desde hace tiempo circulan «rumores« de que Estrada podría ser apartado de la causa por esas mismas presiones del Gobierno. «Lo pueden apartar por motivos fundados, pero también el procurador (Eduardo Sebastián Cadelago Filippi, nombrado por Poggi en agosto del año pasado) lo puede hacer diciendo que se debe a una cuestión administrativa, organizativa y demás«, agregó.
