El Ejecutivo municipal denunció ante el Superior Tribunal de Justicia una maniobra judicial presuntamente montada con textos falsos, leyes inexistentes y jurisprudencia inventada.
Según la acusación, los concejales opositores —respaldados por funcionarios del gobierno provincial— presentaron una demanda “plagada de errores y contenido generado con inteligencia artificial”, en lo que podría convertirse en el primer caso de fraude digital judicial en el país.
Una sesión irregular que encendió la chispa
El conflicto se originó en diciembre de 2024, cuando el Concejo Deliberante de Tilisarao desaprobó, en un mismo acto, el Presupuesto 2025 y la Tarifaria municipal, dos normas que deberían tratarse por separado.
Aunque la tarifaria fue rechazada, el presupuesto nunca se votó formalmente, pero el presidente del Concejo, Alejandro Rosa, lo dio por rechazado de hecho.
Para el Ejecutivo local, encabezado por el intendente Juan Manuel Olguín, ese procedimiento constituye “un vicio formal insalvable” que luego derivó en una maniobra judicial “fabricada para justificar un error político con argumentos falsos”.
Una demanda “trucha”: fallos, jueces y leyes inexistentes
La denuncia del municipio sostiene que el escrito presentado por el Concejo cita fallos de una supuesta “Cámara Contencioso Administrativa de San Luis”, organismo que no existe. También menciona autores ficticios —como “Domingo García” o “Pérez y Ferreres”— y leyes tergiversadas con artículos inventados.
“Cuando uno redacta una demanda debe citar doctrina con precisión: autor, tomo, editorial, año. Acá encontramos incongruencias por todos lados. Hay artículos que ni siquiera existen”, explicó Ayelén Giraudo, jefa del área de Auditoría, Seguridad y Transparencia Municipal, y abogada patrocinante del municipio.
Según Giraudo, la estructura y el lenguaje del escrito hacen sospechar que fue generado mediante inteligencia artificial, sin verificación humana.
“La inteligencia artificial es una herramienta útil, pero hay que usarla con conciencia. Esto fue un uso irresponsable, con consecuencias graves”, advirtió.
Los protagonistas de la polémica
De acuerdo con el expediente, la demanda fue patrocinada por Ricardo Rubira, funcionario provincial, y elaborada jurídicamente por los abogados Alejandro Rosa y Ezequiel Sanmartino, este último también concejal de Tilisarao.
El documento fue además respaldado por las concejalas Karina Peralta y Marcela Vizcay Bello, mientras que una funcionaria provincial, Florencia Torres, figura como testigo —aunque su testimonio ya estaba redactado dentro de la propia demanda.
“Un funcionario del gobierno actuó como abogado demandando a un municipio, y además incorporaron como testigo a otra funcionaria provincial. Es insólito”, señaló Fabio Ochoa, secretario de Gobierno de Tilisarao.
Un conflicto que deja al municipio sin presupuesto
El proceso judicial —basado en textos presuntamente falsos— dejó a Tilisarao sin presupuesto aprobado, complicando el funcionamiento financiero del municipio durante gran parte del año.
“Lo más preocupante es la contradicción. Los concejales que responden al gobierno provincial dicen defender la institucionalidad, pero con esta demanda entorpecen la justicia y bloquean la gestión local”, afirmó Giraudo.
La funcionaria recordó que el gobernador Claudio Poggi impulsa públicamente una “Justicia ágil y eficiente”, pero que “sus propios funcionarios generan causas sin sustento que saturan el sistema”.
“Un error político convertido en fraude judicial”
Desde el Ejecutivo municipal aseguran que la maniobra judicial buscó “tapar un error político” cometido en la sesión de diciembre, cuando los concejales confundieron el tratamiento de las ordenanzas.
“Al no tratar el presupuesto, debieron reconocer su error. Pero en lugar de eso, intentaron justificarlo con una demanda sin sustento, citando jurisprudencia inventada”, explicó Ochoa.
El funcionario remarcó que el municipio activó el presupuesto por aprobación ficta, conforme a la Constitución provincial y la Ley Federal de Entidades Locales, luego de que el veto parcial presentado por el Ejecutivo no fuera tratado por el Concejo.
Una causa inédita por “fraude digital judicial”
La denuncia presentada por la Municipalidad de Tilisarao ante el Superior Tribunal de Justicia solicita que se declare inexistente la demanda original del Concejo y se investigue el posible uso indebido de herramientas de inteligencia artificial en la elaboración de documentos oficiales.
“Esto no es solo un error técnico, es un posible delito. Estamos ante una manipulación de información jurídica que podría sentar un precedente nacional”, sostuvo Giraudo.
Ambas causas —la presentada por el Concejo y la contradenuncia del Ejecutivo— ya están en manos del Superior Tribunal, que deberá determinar la validez de las presentaciones y definir si existió dolo o fraude procesal.
