El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de San Luis deberá resolver en los próximos días la calificación legal en la causa por la muerte del repartidor Yonathan Valera Salazar, que ocurrió en diciembre del 2024.
El abogado de la familia, Ángel Martín Ávila Velázquez, sostuvo que el hecho debe ser juzgado como homicidio simple con dolo eventual y cuestionó los retrasos en el proceso judicial. “No fue un simple accidente; hubo una irresponsabilidad mayúscula”, afirmó.
El Superior Tribunal revisará la causa
La muerte de Yonathan Valera Salazar, un delivery de 28 años, ocurrió el 11 de diciembre de 2024 en la intersección de Héroes de Malvinas y San Juan, en la ciudad de San Luis. Mientras esperaba el cambio de semáforo, fue embestido desde atrás por un automóvil que conducía Mariano Mourelle.
En primera instancia, el conductor fue imputado por homicidio simple con dolo eventual. Luego, el Tribunal de Impugnaciones modificó esa calificación y la consideró culposa.
La querella presentó un nuevo recurso que ahora deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia, que tiene la última palabra sobre qué figura penal llegará al juicio oral.
Una espera que se extiende
Ávila Velázquez explicó que el juicio fue pautado para octubre del año próximo, aunque pedirá adelantar la fecha: “Consideramos que es muy extenso el plazo. Otras causas más recientes ya tuvieron juicio, mientras que la familia de Yonathan sigue esperando justicia”.
El letrado destacó que el recurso de casación presentado cuenta con el apoyo del fiscal y que ambos plantearon la necesidad de que la víctima tenga voz y representación en el juicio oral.
El peso de la calificación
La diferencia entre un hecho culposo y uno con dolo eventual es clave, ya que modifica la expectativa de pena.
“El fiscal pidió el máximo para el homicidio culposo, que son seis años de prisión y diez de inhabilitación. Nosotros solicitamos nueve años y diez de inhabilitación”, detalló el abogado.
Y agregó: “Hubo irresponsabilidades mayúsculas. Mourelle no debía estar al volante. Si no hubiese conducido ese día, Yonathan estaría con vida. Fue en pleno centro de la ciudad, no fue un accidente inevitable”.
Un proceso que agota a la familia
Ávila Velazquez contó que la madre de Yonathan atraviesa la causa con angustia. “Le resulta difícil entender cómo el responsable sigue trabajando libremente después de haber atropellado a su hijo. La familia necesita cerrar esta etapa y el tiempo judicial se volvió una carga innecesaria”, dijo.
El abogado calificó como excesivo el plazo fijado para el juicio y aseguró que no se trata de una causa compleja.“No hay argumentos para esperar un año. Es una decisión discrecional del Colegio de Jueces. Otras causas similares se resolvieron dentro de este año”, afirmó.
Diez días para una decisión clave
El ST cuenta con un plazo de diez días hábiles para analizar el recurso y definir la calificación legal. “El Tribunal deberá poner en la balanza el derecho de la víctima a llegar al juicio con su propia interpretación del hecho”, sentenció Ávila Velazquez.
El letrado aclaró que la legislación provincial obliga a unificar la calificación entre fiscalía y querella, algo que no ocurre en otras provincias como Buenos Aires o Santa Fe, donde las víctimas pueden sostener su propia figura penal.
“Confiamos en que se reconozca el derecho de la familia y se haga justicia. Yonathan merece que su caso se juzgue como corresponde”, concluyó.
