Sebastián Pinela perdió la visión del ojo izquierdo en 2004 por el impacto de una bala de goma de la Policía de San Luis. En 2011 comenzó a cobrar una pensión por discapacidad por su imposibilidad para trabajar, pero en julio de este año dejó de percibirla sin auditoría ni comunicación oficial de la ANDIS.
El origen de la lesión
Pinela relató en SanLuis24 Radio que el 30 de abril de 2004, mientras se multiplicaban las protestas contra el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, se encontraba cerca de la librería de la Catedral, sobre la calle Pringles.
Un grupo de policías avanzó disparando gases lacrimógenos y proyectiles de goma. Una de las balas le impactó en el ojo izquierdo y le provocó rotura del iris, catarata traumática, dilatación de la pupila y glaucoma.
“Tengo una fotofobia infernal, se me mezcla la visión de un ojo con el otro: me choco con las cosas, me caigo, tiro cosas cuando me muevo”, describió.
De la peluquería a la discapacidad
Antes del episodio, Sebastián tenía una peluquería en avenida España y practicaba escalada y trekking. Tras la agresión, dejó de poder realizar casi todas esas actividades.
Mantuvo algunos clientes hasta la pandemia, cuando la actividad cayó a niveles casi nulos.
En 2011 tramitó la pensión por discapacidad, que el Estado le otorgó tras nueve meses de espera. Desde entonces la cobró de manera regular.
El corte del beneficio
En julio de este año, recibió la notificación de que iba a tener depositado el dinero (en ese momento $270.000) el día 17. La suma nunca apareció en su cuenta. Desde entonces, no volvió a cobrar.
Reclamó en la oficina de ANSES de La Punta, donde le aseguraron que su pensión no tenía inconvenientes y que pronto recibiría el depósito. Allí se encontró con otros pensionados en la misma situación.
Luego acudió a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la calle Falucho 830, pero encontró la oficina cerrada. Le informaron que el funcionario solo asiste una vez por semana. En la puerta había apenas carteles con correos electrónicos y teléfonos de contacto.
Discapacidad: reclamos y silencio oficial
Desesperado, recurrió a la Defensoría del Pueblo, que en julio emitió una resolución instando a la ANDIS a restablecer la atención presencial y habilitar canales de comunicación efectivos.
Dos meses después del pronunciamiento, nada cambió.
