En Washington DC, la militarización ordenada por Donald Trump tras declarar el estado de emergencia el 11 de agosto ha desatado un clima de miedo entre la comunidad latina. Con redadas, cazarrecompensas y miles de agentes desplegados, los inmigrantes enfrentan detenciones arbitrarias, pérdida de empleos y una crisis social que amenaza el tejido comunitario.
El despliegue de 2.200 miembros de la Guardia Nacional y 500 agentes federales de ICE, FBI, DEA y otras agencias federales convirtió a Washington en una ciudad bajo vigilancia permanente. Los operativos incluyen retenes, allanamientos sin orden judicial y detenciones selectivas que afectan principalmente a hispanos.
Desde el inicio del operativo, más de 2.100 personas fueron detenidas, la mitad de ellas latinas, según el Departamento de Justicia.
Historias como la de Laura (nombre ficticio), inmigrante con 26 años en Estados Unidos, reflejan la incertidumbre diaria. Ella relata haber cambiado su rutina por temor a ser detenida: dejó de usar su auto, se desplaza en bicicleta y evita asistir a misa o llevar a sus hijos al colegio.
“Ahora están cazando a la gente solo por ser hispana. Rompen ventanas, no respetan ni los carros, solo los sacan y se los llevan”, cuenta con lágrimas, mientras describe cómo sus hijos, ciudadanos estadounidenses, le escriben mensajes constantemente para asegurarse de que regresó a salvo.
Cazarrecompensas y recompensas por inmigrantes
La militarización también dio lugar a la presencia de vigilantes privados, conocidos como cazarrecompensas, quienes reciben hasta 1.500 dólares por cada indocumentado entregado. Vestidos de civil, con rostros cubiertos y armas largas, actúan sin órdenes judiciales y realizan perfiles raciales.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional niega contratar civiles para arrestos, denuncias ciudadanas en Washington y otros estados muestran un patrón de persecución. En Misuri, incluso, se debate una ley que otorgaría recompensas de 1.000 dólares por cada migrante indocumentado reportado.
La militarización también golpeó la economía local. En barrios latinos como Columbia Heights, restaurantes reportan caídas de hasta 30% en ventas, peores que en pandemia. Muchos clientes optan por pedir comida a domicilio o permanecen encerrados en sus hogares.
“Estamos peor que en pandemia. Antes la gente salía a comprar; ahora el miedo se apoderó de todos. Los inmigrantes son los que sostienen la economía y hoy están paralizados”, señaló la dueña de un restaurante que prefirió no revelar su identidad.
La reducción del consumo llevó a recortes de personal y menos horas laborales para empleados latinos, profundizando la precariedad económica.
Represión en iglesias y espacios comunitarios
Incluso las actividades religiosas fueron afectadas: curas de distintas parroquias reportan una reducción del 50% en la asistencia a misas y al menos ocho detenciones de fieles al salir de las iglesias.
Organizaciones como Free DC advierten que estas acciones forman parte de una estrategia de intimidación que busca perpetuar el poder a través del miedo y el control militar en la capital.
A pesar del clima de represión, sectores de la comunidad han optado por la resistencia pacífica. Vecinos alertan sobre retenes ilegales, bloquean accesos a ICE y documentan con videos los abusos de autoridad.
“Nos pueden arrestar a uno, pero no a 11 millones. Sin inmigrantes esta economía se derrumba”, afirmó Elian Contreras, ciudadano estadounidense de origen mexicano, durante una manifestación.
