Este martes, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá si Argentina debe entregar el 51% de las acciones estatales de YPF, en el marco de la demanda de Burford Capital por la expropiación de la petrolera. El fallo puede marcar un punto crítico para la estrategia financiera del Gobierno.Un litigio millonario en su etapa clave
La disputa judicial por la expropiación de YPF entra en horas decisivas. La semana pasada, el Gobierno argentino presentó sus argumentos para frenar la entrega del 51% de las acciones que el Estado Nacional mantiene en la compañía, en cumplimiento de la sentencia emitida en 2023 por la jueza Loretta Preska.
El caso se tramita en Estados Unidos y deriva de la nacionalización de la petrolera en 2012, por la que el Estado fue condenado a pagar más de 16.000 millones de dólares al fondo Burford Capital, principal beneficiario del reclamo.
Tres posibles escenarios para Argentina
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito debe resolver si mantiene la postura de Preska —quien negó la suspensión de la entrega de acciones— o si concede el pedido argentino, respaldado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para postergar esa medida.
Las alternativas que baraja el tribunal son:
- No conceder la suspensión y ratificar el fallo de Preska.
- Otorgar una suspensión con garantías distintas a las acciones de YPF.
- Conceder la suspensión solicitada por Argentina.
Un posible golpe financiero y diplomático
En el escenario más desfavorable para el país, la Corte confirmaría la decisión de Preska, lo que podría llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, las chances de que el máximo tribunal acepte intervenir son bajas, lo que colocaría a Argentina en una situación de desacato.
Esto implicaría un duro revés para la administración de Javier Milei, que enfrenta vencimientos por 10.000 millones de dólares hasta 2026 y vería aún más restringido su acceso al financiamiento internacional.
Antes de concretar la entrega de acciones, el Gobierno podría intentar una negociación con Burford Capital, algo que hasta ahora ha evitado pese a que el conflicto judicial se arrastra desde hace más de diez años.
