Este lunes 14 de julio, la jueza Loretta Preska deberá definir si acepta o no la apelación presentada por el Gobierno argentino en la causa por la expropiación del 51% de YPF. La decisión puede tener un fuerte impacto económico y geopolítico, ya que la demanda exige un resarcimiento de 16.000 millones de dólares y habilita el posible embargo de activos estatales en el exterior.
La Justicia estadounidense decidirá si habilita la apelación
La jueza federal Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, convocó este lunes a una audiencia urgente en la sala 12A para tratar el recurso de apelación interpuesto por la República Argentina. El objetivo del Gobierno es frenar la sentencia que lo obliga a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park Capital Management.
La medida judicial surge del fallo dictado el 30 de junio por Preska, quien responsabilizó al Estado argentino por irregularidades cometidas en el proceso de estatización de YPF durante el año 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El monto reclamado supera los 16.000 millones de dólares.
El pasado 9 de julio, la Argentina presentó una apelación formal ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. A pesar de no haber obtenido aún respuesta a su solicitud de “stay” (suspensión de ejecución), el equipo legal del Estado avanzó con el recurso y anticipó que podría escalar la disputa hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos.
En el escrito, el Gobierno denunció un supuesto “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” y afirmó que el fallo de Preska viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), el derecho federal estadounidense y los principios de cortesía internacional entre Estados.
Según el argumento oficial, permitir que Burford Capital adquiera el 51% de las acciones significaría ceder el control estratégico de YPF, afectando la política energética nacional y los derechos de los accionistas minoritarios.Aerolíneas, ARSAT y el BCRA, bajo análisis de los demandantes
En paralelo, los demandantes solicitaron acceder a información sobre otras empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central (BCRA). El objetivo sería identificar activos embargables para avanzar con la ejecución del fallo en caso de que se rechace la apelación.
Preska deberá decidir si avala este pedido o si da curso al planteo argentino, que busca frenar el traspaso de acciones y mantener la soberanía operativa de sus empresas estatales.
