Un informe reciente del Poder Judicial de San Luis reveló que de los 153 juicios penales realizados en la capital entre septiembre de 2024 y junio de 2025, casi la mitad fue por delitos de abuso sexual. La mayoría de las víctimas son niños, niñas o adolescentes, y los agresores resultan ser, en gran parte, adultos cercanos como familiares o allegados.
Radiografía judicial: La Primera Circunscripción, la más afectada
En el período analizado, 269 causas penales llegaron a debate en las tres circunscripciones judiciales de San Luis. En la Primera Circunscripción, que abarca los departamentos Pueyrredón, Belgrano, Ayacucho y Pringles, 74 de esos casos correspondieron a delitos contra la integridad sexual, según detalló el informe del Poder Judicial.
La mayoría de las víctimas en estos procesos eran menores de edad, y los agresores, personas en posiciones de confianza o autoridad frente a ellas.
Desmontando mitos: El abuso como problema social
Los investigadores del CONICET Alejandro Capriati, Gabriela Wald y Ana Clara Camarotti, especialistas en la materia, afirman que el abuso sexual infantil es una manifestación de la violencia sexual. Indican que abarca desde el uso de la fuerza o la manipulación para obtener contacto sexual hasta conductas menos directas como el exhibicionismo o el acoso digital.
Los expertos cuestionan la visión arraigada de que estos hechos son cometidos solo por «monstruos», «enfermos» o son «casos excepcionales». Consideran que esta mirada «tranquilizadora pero equivocada» aísla al agresor del tejido social. Además, evita reconocer que la violencia sexual ocurre en espacios cotidianos y, a menudo, la ejercen personas cercanas a la víctima.
El impacto psicológico y la importancia del acompañamiento
La psicóloga del Poder Judicial, Érika Valdebenito, destaca la necesidad de romper con estereotipos que naturalizan el silencio y el abuso en la esfera privada. Subraya que las consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil pueden perdurar en la vida adulta. La magnitud de estas consecuencias varía según múltiples factores: la personalidad de la víctima, su edad al momento del abuso, la cronicidad del mismo, cómo se llevó a cabo el abuso, el vínculo con el agresor, el tiempo transcurrido hasta la revelación, y, fundamentalmente, el acompañamiento recibido y la credibilidad de su relato por parte de sus referentes afectivos.
El acompañamiento de adultos significativos puede incidir de forma determinante en el proceso de recuperación de una víctima. Ser escuchados y creídos actúa como un factor de protección frente a la repetición del daño.
Prevención y desafíos del sistema judicial
Valdebenito también advierte que la prevención del abuso depende de múltiples factores sociales y culturales. «La prevención está asociada a variables como poder hablar del tema, brindar a niños, niñas y adolescentes información sobre lo que es un abuso y sus derechos», explica. En este sentido, la Educación Sexual Integral (ESI) se configura como una «gran herramienta» que permite a las infancias «poner en palabras lo padecido y romper con la cronicidad del acto abusivo».
Muchas víctimas no denuncian el abuso en el momento de los hechos. El miedo, la culpa, el vínculo emocional con el agresor, la falta de adultos protectores o el temor a no ser creídos explican, en parte, el silencio. En otros casos, los relatos emergen recién en la adultez, cuando las víctimas identifican lo vivido y encuentran redes de apoyo.
El sistema judicial enfrenta el desafío de intervenir sin revictimizar. Persisten aún prácticas que pueden generar dolor y retraumatización: declaraciones reiteradas, exposición al agresor, demoras procesales o falta de contención.
El Estado Argentino cuenta con herramientas legales importantes como la Ley 26.061, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de Belém do Pará y el Código Penal, que tipifica estos delitos entre los artículos 119 y 131.
En San Luis, el Poder Judicial ha desarrollado herramientas específicas para abordar estas causas, como entrevistas videograbadas, Cámara Gesell, equipos interdisciplinarios y fiscalías especializadas. Estas buscan reducir la exposición de las víctimas y garantizar procesos más respetuosos. Sin embargo, queda mucho por hacer para garantizar una justicia accesible y ágil. La formación permanente de operadores judiciales, la coordinación con equipos psicosociales y la escucha activa son parte de este camino.
Abuso sexual infantil: Un problema social que exige compromiso
El abuso sexual infantil no es solo un problema del sistema judicial, ni puede abordarse únicamente desde la lógica punitiva. Es un fenómeno profundamente social y cultural, que exige transformar las condiciones que lo permiten: el silencio, el poder desigual, la normalización de ciertos vínculos, la falta de educación sexual y la impunidad.
Construir una sociedad más justa y segura para las infancias requiere que todos los actores —familias, escuelas, medios de comunicación, justicia y comunidad— asuman un compromiso activo. Escuchar, creer, educar y actuar son las claves.
