Una misión internacional de derechos humanos cuestionó la imposición de la tobillera electrónica a la ex presidenta Cristina Kirchner. En su informe, consideró la medida desproporcionada y violatoria de tratados internacionales, y exigió al Poder Judicial argentino garantizar un cumplimiento penal digno y respetuoso de los derechos humanos.
Un fallo que genera controversia
La misión internacional, integrada por expertos jurídicos y académicos de América Latina, emitió un dictamen público en el que calificó la colocación de un dispositivo electrónico de vigilancia (tobillera) a Cristina Fernández de Kirchner como innecesaria, inadecuada y desproporcionada. Según el informe, esta medida vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos y afecta la dignidad de la ex mandataria.
Sobre el proceso y contexto
El análisis se centra en las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria dictada para Cristina Kirchner, sin emitir opinión sobre el fondo de la causa o el proceso penal en sí. No obstante, el caso está bajo escrutinio internacional debido a múltiples denuncias sobre irregularidades, afectaciones al debido proceso y vulneración de garantías judiciales.
El documento sostiene que la tobillera no respeta el principio de proporcionalidad, ya que existen medidas menos invasivas, como la custodia oficial permanente que ya acompaña a la ex presidenta, que resultan igual de eficaces para supervisar su cumplimiento. Además, advierte que la imposición del dispositivo puede constituir un trato cruel o degradante, e incluso una forma de tortura psicológica por su carga simbólica y disciplinaria, especialmente tratándose de una figura política con alta representación popular.
Solicitud de revocación
Los expertos exigen que el juez responsable actúe de oficio para dejar sin efecto la medida y ajuste las condiciones del cumplimiento penal conforme a los estándares internacionales que forman parte del bloque constitucional argentino.
Integrantes destacados de la misión
El dictamen fue firmado por destacadas personalidades del derecho y los derechos humanos en América Latina, entre ellos:
- Raphael Vasconcelos (Brasil), experto en derecho internacional.
- Nadia Alejandra Cruz Tarifa (Bolivia), ex Defensora del Pueblo.
- Jordán Rodas Andrade (Guatemala), ex Procurador de Derechos Humanos y exiliado.
- Minou Tavárez Mirabal (República Dominicana), ex vicecanciller.
- Lourdes Palacios (El Salvador), coordinadora del COFAPPES.
- Juan Carlos Moraga Duque (Chile), presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras.
- Pablo Vommaro (Argentina), director ejecutivo electo de CLACSO.
- Bettiana Díaz Rey (Uruguay), senadora y parlamentaria del Mercosur.
- Estefanía Veloz (México-EE.UU.), abogada y periodista.
Vigilancia continua y llamado a la justicia
La misión reiteró su compromiso de observar el desarrollo integral del caso, alertando sobre denuncias de persecución judicial y afectación del Estado de Derecho en Argentina. En su comunicado, exhortó al Poder Judicial a asegurar que la ejecución de la pena respete los derechos humanos, sin humillaciones ni medidas punitivas excesivas.
