El fiscal de instrucción N° 3, José Olguín, detalló que este jueves se realizaron allanamientos en el marco de la causa Molino Fénix, que investiga irregularidades vinculadas a la sustracción de bienes y administración fraudulenta en el complejo cultural.
Entre las medidas dispuestas por el juez penal Santiago Ortiz, se llevaron a cabo allanamientos en la vivienda de Sebastian Fernández, exjefe de prensa de la Casa de la Música, y en una emisora radial.
Olguín explicó que la investigación se inició hace un mes tras una denuncia presentada por el anterior administrador del Molino Fénix, respaldada por la Fiscalía de Estado.
La denuncia apunta al faltante de equipos de sonido, instrumentos musicales, mobiliario y documentación que podría confirmar la existencia de gastos irregulares realizados en nombre de la institución.
Los operativos fueron efectuados en la vivienda de Fernández, ubicada en Lamadrid al 639; y en Radio Mercedes, situada en Balcarce 1392.
El fiscal aclaró que el allanamiento a la radio no estuvo dirigido a la actividad del medio, sino a personas vinculadas a la causa. Sin embargo, señaló que en el operativo “no se encontró nada relacionado con la investigación”.
Esta medida, inédita en la provincia, generó críticas por su posible impacto en la libertad de prensa. Al respecto, Olguín defendió su accionar afirmando: “La radio no está bajo investigación. Esto no tiene que ver con su funcionamiento, sino con la búsqueda de elementos vinculados a los hechos denunciados”.
El procedimiento incluyó la participación de fuerzas policiales y, según trascendió, habría afectado la emisión de la radio. Olguín insistió en que no hubo intención de interferir en la actividad del medio y destacó que la causa es impulsada de forma independiente, negando cualquier influencia del Gobierno de San Luis.
“Es una investigación penal basada en hechos concretos. La administración pública denunció, pero no interviene en las decisiones del proceso”, sostuvo.
En cuanto a los avances de la causa, Olguín anticipó que Fernández y otras personas vinculadas serán intimadas bajo el artículo 38 del Código Penal, que regula la obligación de comparecer en una investigación.
Se evalúan pruebas que podrían derivar en cargos por sustracción de bienes públicos y administración fraudulenta. El fiscal enfatizó que su equipo trabaja para garantizar el esclarecimiento de los hechos y la responsabilidad penal de los involucrados.
