El martes 15 de julio, la Municipalidad de Salta ordenó la clausura definitiva del hogar “La Residencia”, ubicado en barrio Intersindical, tras comprobar condiciones de precariedad y desobediencia legal. Los dueños fueron detenidos tras un allanamiento.
Graves faltas en higiene, seguridad y atención médica
Un operativo conjunto entre la Procuración General y la Fiscalía N° 3 de Limache derivó en la clausura definitiva del geriátrico “La Residencia”, en la calle Litoral de Santa Fe al 2200, ciudad de Salta. El hogar funcionaba de forma ilegal y en condiciones de abandono para los adultos mayores que residían allí.
La medida se tomó luego de que se detectaran irregularidades persistentes desde 2023, entre ellas deficiencias en la higiene, falta de personal capacitado, alimentos vencidos y ausencia de controles médicos. A pesar de haber sido clausurado en el pasado, los responsables removieron las fajas de cierre y continuaron operando clandestinamente.
Reincidencia y desobediencia judicial
Según el informe publicado por El Tribuno, el hogar ya había sido clausurado en 2023 por condiciones similares. Sin embargo, los dueños decidieron reabrir el establecimiento sin autorización, exponiendo a sus 16 residentes a situaciones de riesgo sanitario y estructural.
Las inspecciones revelaron la ausencia de terapias de estimulación cognitiva y física, inexistencia de registros de medicación y controles de signos vitales, así como falencias edilicias graves. También se recibieron denuncias por maltrato hacia los residentes, lo que reforzó la decisión del cierre definitivo.
Durante el allanamiento ordenado por la Justicia, los propietarios del geriátrico fueron detenidos por desacatar medidas previas y reincidir en delitos contra la salud pública. Los adultos mayores alojados en el lugar fueron trasladados a instituciones habilitadas, en coordinación con organismos provinciales, para garantizar su bienestar y atención adecuada.
El caso Apart Los Incas: otro antecedente de negligencia
Condena por muertes evitables durante la pandemia
En un caso similar ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia condenó a dos años de prisión a los dueños del geriátrico “Apart Los Incas”, en Belgrano, tras la muerte de 10 residentes por COVID-19 en 2020. La directora médica del lugar también recibió cuatro años de inhabilitación profesional.
Los responsables fueron hallados culpables por homicidio culposo agravado, lesiones culposas y violación de medidas sanitarias. Durante el brote, se detectaron múltiples omisiones, como la falta de hisopados, controles básicos y presión al personal para trabajar con síntomas. A pesar de las advertencias de familiares, la evacuación nunca se concretó.
